Opinión

LEY 26160, el radicalismo y el voto por aclamación en los Derechos Indígenas

Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.

La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.

Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.

Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.

Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.

Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: -“Sr. Presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.

En ese momento, el Presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.

Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.

Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.

Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. Presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.

Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.

En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.

Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.

Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.

DRA. MARIA MAGDALENA ODARDA – PRESIDENTA DE INAI -19 de noviembre de 2021

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