Medidas de Milei: Un golpe feroz al bolsillo del ciudadano común
El reciente anuncio de las primeras medidas por parte del flamante gobierno de Javier Milei ha sembrado un mar de incertidumbre entre los argentinos.
La liberación intencional del dólar, las tarifas y el precio de los servicios no ha sido recibida con beneplácito por la mayoría, ya que se espera que esto genere una inmediata licuación de salarios, deudas en pesos y un impacto directo en el déficit fiscal.
El discurso emitido, cuidadosamente editado y reeditado hasta su emisión, se centró mayormente en repasar la herencia recibida, dedicando solo una fracción del tiempo a enumerar las medidas. Esto dejó una sensación de falta de detalles y un plan concreto, más allá de la proclamada racionalidad fiscal.
Sin embargo, lo evidente en este primer paquete de medidas es la liberación intencional de los principales precios de la economía, lo que probablemente resulte en una explosión inflacionaria inicial. Esto impactará directamente en los salarios, deudas privadas no indexadas y en el déficit fiscal, exponiéndolos al avance desmedido de los precios minoristas en los próximos meses.
Esta estrategia parece trasladar recursos desde los sectores con ingresos más bajos y medios en pesos, así como desde la industria, hacia el sector exportador primario, los bancos y los exportadores de servicios. Es claro que las consecuencias recaerán sobre aquellos que menos tienen y sobre el entramado productivo nacional.
El presidente Milei ha advertido sobre días de mayor inflación, menor inversión y consumo, junto con un aumento del desempleo y una caída significativa del salario real. Esta es la senda que el gobierno parece haber escogido en busca de la estabilidad, contando con un apoyo que, a pesar de todo, la mayoría de la ciudadanía ha decidido brindar.
La devaluación repentina, con un salto del 100% en un solo día, se espera que se refleje rápidamente en los precios, especialmente en el rubro alimenticio. Asimismo, la apertura casi total a las importaciones podría golpear con dureza a la industria nacional.
En cuanto a las medidas de ajuste concretas para la casta política, estas parecen ser escasas. De los anuncios realizados, solo un par refieren a los contratos del sector público y a la reducción de ministerios, afectando mínimamente a la función pública. El resto impacta directamente sobre el sector privado, contradiciendo la promesa inicial de no afectarlos.
El paquete de medidas iniciales, lejos de ser un «plan integral» tan demandado, parece ser simplemente una lista de intenciones vagas, sin profundidad ni alcance claros hasta el momento.
Las preguntas que persisten entre la población son numerosas y concretas: ¿Cuál es el mínimo de reducción en las transferencias a las provincias? ¿Cuándo se aplicará concretamente el recorte en subsidios? ¿Sigue existiendo el cepo cambiario? Estos interrogantes, sumados a otros detalles faltantes, dejan a la sociedad en un estado de incertidumbre y falta de respuestas.
En este panorama, la sorprendente anticipación de los bancos comerciales al nivel de devaluación del tipo de cambio oficial, seis horas antes de su anuncio, suscita aún más dudas sobre la transparencia en la gestión.
La ausencia de un plan integral y la falta de claridad en las medidas implementadas han dejado a muchos ciudadanos y sectores económicos en un estado de desconcierto y preocupación por lo que el futuro pueda deparar en términos económicos y sociales.
