Opinión

Silvia Horne «Río negro es la segunda provincia con presos políticos»

Ya hemos señalado, hace unos días, que la detención de Aldo Capretti es además de injusta, una violación a la libertad de expresión, y configura una persecución a la protesta social.

Hoy hemos sido testigos de la detención y traslado de Rodolfo Aguiar, el representante máximo de la organización sindical de los trabajadores del Estado, ATE. El delegado de los servidores públicos, legal y legítimamente designado por sus compañeros. El principal interlocutor de los trabajadores con el jefe del gobierno, el señor gobernador.

 

 

La manera en la que el gobernador Weretilneck estigmatiza a estos dirigentes es un camino equivocado, que lo conduce a ser la segunda provincia argentina con presos políticos, luego de la ya preocupante y autoritaria Jujuy de Gerardo Morales.

La protesta de los compañeros en el debate del endeudamiento, en la Legislatura de Rio Negro, debió ser canalizada como corresponde por el gobierno. En vez de vallas que cercan el espacio y encierran al debate público, debió haber permitido que una delegación de tres o cuatro representantes ingresara y expresara su punto de vista en las comisiones y en el recinto.

 

 

Recibirlos. Hacer un cuarto intermedio para oírlos. Pedirle al presidente del cuerpo que les reciba su petición, es decir, todas las formas de diálogo que acorten las posibilidades de tensión, que permitan una convivencia democrática.

Este gobernador no lo hizo, ya que solo se da espacios de dialogo con quienes son sus amigos, pero el arte de gobernar es también el de dialogar.

Venimos de una historia que el pueblo argentino tiene muy fresca, donde se blindó la protesta, la crítica, la disidencia, y llegamos a pagar como sociedad un costo altísimo, en vidas, en libertades, en convivencia.

 

 

Por ello, es indispensable que el señor gobernador habilite el diálogo con los que no son de su pensamiento, idea, partido o funcionarios de su propio gobierno, y empiece a reflexionar, que el diálogo es con el que piensa distinto.

Que no utilice discrecionalmente a la policía, o a las fuerzas de seguridad. Que no genere sobre ciertos integrantes influyentes del Poder Judicial  presión pública o doméstica, de modo que no incurran en violaciones a las libertades y derechos de los rionegrinos.

Pedimos al gobernador que rápidamente revise esta actitud persecutoria. Que garantice la integridad de los compañeros gremialistas detenidos. Que arbitre los medios a su alcance para su inmediata liberación.

 

Silvia Horne – Diputada Nacional

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