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Caputo, con luz verde para liquidar la plata de los jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha obtenido luz verde para avanzar en la liquidación de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado a los fondos jubilatorios.

El acuerdo, alcanzado con gobernadores, establece que antes de que los activos pasen al Tesoro, serán utilizados para compensar deudas previsionales de las provincias.

La modificación en el texto final de la ley ómnibus, actualmente en proceso de obtención de dictamen, redefine el destino del FGS, buscando su licuación. Se prevé que alrededor de u$s32.000 millones de los fondos jubilatorios sean destinados a la cancelación de deudas provinciales. Sin embargo, para llevar a cabo la venta de las acciones premium, será necesario el aval de una comisión bicameral.

Durante el plenario de comisiones, los bloques kirchneristas expresaron su rechazo a cualquier transferencia de activos al Ministerio de Economía. Mientras tanto, una parte de la Unión Cívica Radical (UCR), así como los bloques Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF), demandaron garantías de que la venta de acciones genere flujos de dinero para mantener la asistencia a las 13 cajas previsionales provinciales con déficit.

Horas atrás, La Libertad Avanza (LLA) respondió a esta solicitud, comprometiéndose a garantizar los flujos necesarios antes del traspaso al Palacio de Hacienda. Esto incluirá compensaciones anuales para las cajas jubilatorias no transferidas de provincias como Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Cuando el FGS finalmente llegue al Tesoro, una porción significativa de su cartera ya se habrá licuado, anteriormente destinada al financiamiento de proyectos productivos y créditos para jubilados y trabajadores de bajos ingresos.

Posteriormente, la estrategia de Caputo se enfocará en eliminar la deuda interestatal, representando el 73% del total del fondo. Según el artículo 223 de la ley base, los más de u$s22.000 millones en títulos públicos se cancelarán por «confusión patrimonial», transformando al Estado en acreedor y deudor de sí mismo. Así, se borra el renglón de deuda y se otorga un crédito al poseedor del bono.

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