Una vecina de la ciudad rionegrina de General Conesa firmó un contrato con una empresa dedicada realizar viviendas industrializadas para el pago de una casa en cuotas. El convenio tenía una cláusula que estipulaba que en caso de producirse la anulación del mismo, dentro de los 180 días la empresa debía devolver el 60 por ciento del dinero abonado.