Todas las fuerzas federales intervendrán en el protocolo para evitar piquetes y cortes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado un nuevo protocolo destinado a mantener el orden público durante las manifestaciones en vía pública. Esta medida incluye disposiciones estrictas para identificar a quienes interrumpan el tráfico, aplicar las leyes correspondientes que podrían conllevar penas de prisión, así como también el cobro de los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que incumplan estas normativas.

Según Bullrich, las cuatro fuerzas federales, junto con el Servicio Penitenciario Federal, estarán facultadas para intervenir en caso de delitos flagrantes durante protestas, cortes de calles o bloqueos, sean parciales o totales. La ministra enfatizó que la ley debe cumplirse en su totalidad y anunció que se aplicará la fuerza mínima necesaria y proporcional a la resistencia encontrada.

Bullrich remarcó que el Gobierno buscará establecer una nueva ley que se ajuste a las circunstancias actuales, haciendo referencia al artículo 194 del Código Penal, el cual establece penas de prisión de tres meses a dos años para aquellos que obstruyan el funcionamiento normal de los transportes o servicios públicos.

La ministra advirtió que el Gobierno no permitirá más manifestaciones mediante cortes en las calles como forma de buscar beneficios sociales, asegurando que tomar la calle tendrá consecuencias. Además, resaltó que las fuerzas federales actuarán hasta liberar por completo los espacios de circulación, identificando a los responsables de delitos cometidos durante las manifestaciones.

El protocolo también contempla sanciones para aquellos que lleven a niños o adolescentes a manifestaciones en horario escolar. Bullrich subrayó que se creará un registro de organizaciones que participen en cortes de vías públicas y que los costos de los operativos de seguridad serán facturados a dichas organizaciones o individuos responsables, dejando claro que el Estado no cubrirá estos gastos.

Este protocolo surge como respuesta a próximas manifestaciones, como el paro activo anunciado por la Unidad Piquetera en Plaza de Mayo, coincidiendo con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, recordando hechos de represión y renuncia presidencial en aquel entonces.

Es importante mencionar que durante la gestión de Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri, se había lanzado un protocolo similar en 2016, el cual generó críticas por limitar el derecho a la protesta y por ampliar las facultades policiales para reprimir y criminalizar estas manifestaciones, según evaluaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta medida también incluía regulaciones para el trabajo periodístico, lo que suscitó preocupación por posibles interferencias en la libertad de expresión.

El anuncio del nuevo protocolo refleja la postura firme del Gobierno para mantener el orden público y garantizar la circulación normal en vías y espacios públicos, generando un debate sobre los límites del ejercicio del derecho a la protesta en el país.