Gas, electricidad y transporte público enfrentan aumentos que rozan el cielo, generando malestar en la población y un acalorado debate político.
El gobierno de Javier Milei ha decretado aumentos transitorios y ajustes periódicos en un intento por garantizar la continuidad operativa de estos servicios. Sin embargo, las cifras anunciadas han causado un revuelo entre la ciudadanía y las empresas prestadoras.
El Ente Regulador del Gas convocó una audiencia pública para el 8 de enero, una reacción inmediata ante esta situación. Esta convocatoria, sorprendentemente, fue firmada por el interventor designado por el gobierno anterior, Osvaldo Pitrau, añadiendo un matiz de continuidad en las decisiones regulatorias.
Gas
Las empresas de gas en el interior del país presentaron propuestas tarifarias alarmantes, con aumentos que podrían alcanzar el 700%. Por ejemplo, Redengas de Entre Ríos propone un incremento del 481%, mientras que Camuzzi Gas Pampeana plantea un 421% y Gasnor de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, entre 438%.
En números concretos, las facturas promedio podrían sufrir un aumento sustancial. Para los usuarios de mayor poder adquisitivo, pasarían de $4.558 a $13.867; para sectores medios, de $3.197 a $13.867; y para los hogares de ingresos más bajos, de $1.862 a $4.865. Estos números, sin duda, golpean fuertemente el bolsillo de los ciudadanos.
Las empresas argumentan que estos aumentos resultan insuficientes dada la inflación mensual del 30% y una devaluación del 118%. Expresan que, anteriormente, las facturas finales se multiplicaban por 4, pero con la actual situación económica deberían hacerlo por 7,5, implicando un aumento del 650%.
Electricidad
En el caso de la electricidad, la situación no es menos preocupante. Los aumentos propuestos representan un incremento del 125% para usuarios de mayores ingresos, alcanzando los $23.569. Para hogares de ingresos medios, el aumento sería del 337%, ascendiendo también a $23.569, mientras que para los de ingresos bajos, supondría un incremento del 129%, llegando a $9.082.
El debate que se avecina en la audiencia pública del próximo mes no solo abordará la determinación de los nuevos valores de los servicios, sino también la creación de un índice de actualización mensual ligado a la inflación.
Estos anuncios han desatado una preocupación generalizada en la sociedad, que ve cómo los servicios básicos podrían tornarse inaccesibles para gran parte de la población. La incertidumbre sobre cómo impactarán estos aumentos en la economía doméstica y la calidad de vida de los argentinos se suma a la tensión política y social.
