Protocolo «antipiquetes»: denuncias, repudios y movilizaciones
El anuncio del protocolo "antipiquetes" presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha desatado una oleada de críticas y rechazos contundentes por parte de diversas entidades y organismos, generando un intenso debate sobre las implicaciones de esta medida en el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación.
El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clement Voule, expresó su preocupación ante lo que considera una criminalización de la protesta pacífica y un excesivo poder otorgado a las fuerzas del orden. En sus redes sociales, alertó sobre el peligro de silenciar voces disidentes, resaltando que la función del Estado y de las autoridades debe ser garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica.
En la misma línea, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura se han manifestado en contra del protocolo, señalando que este desconoce artículos fundamentales de la Constitución Nacional y sobrepasa facultades legislativas y judiciales. Han ofrecido colaboración al Ministerio de Seguridad para establecer pautas que promuevan un uso racional de la fuerza.
Las Madres de Plaza de Mayo también alzaron su voz en rechazo al protocolo, calificándolo como «violento, inconstitucional y fascista». En un comunicado titulado «Pará la mano, Milei», denunciaron que el Gobierno asume facultades propias del Poder Judicial y consagra el espionaje contra organizaciones sociales, políticas y sindicales, bajo el pretexto de la seguridad pública. Expresaron que la única inseguridad proviene de las medidas económicas gubernamentales y afirmaron su determinación de continuar en las calles.
Por su parte, el informe emitido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura resalta que el protocolo desconoce el derecho a la protesta consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, así como avanza sobre facultades legislativas y judiciales al autorizar detenciones sin orden judicial previa. Además, señala la falta de reconocimiento a las competencias de las autoridades provinciales y colisiones con leyes existentes sobre identificación y registro de personas en manifestaciones.
Ante esta situación, más de 250 representantes de diversas organizaciones han ratificado una movilización para el miércoles 20 de diciembre, recordando el aniversario del estallido social de 2001. Bajo consignas que rechazan el ajuste económico y el protocolo de Bullrich, llaman a un paro activo nacional y un plan de lucha.
En respuesta a estas críticas, la ministra Bullrich reiteró su postura, advirtiendo que quienes corten calles perderán beneficios sociales y enfrentarán consecuencias legales. Ha dejado claro que el protocolo tiene como objetivo imponer orden y señaló que se aplicarán medidas a quienes estacionen ilegalmente o movilicen en colectivos escolares.
En la previa del 20 de diciembre, se avizora un clima de tensión y confrontación entre las autoridades y las organizaciones sociales que prometen movilizarse en un contexto marcado por el debate sobre los límites de la protesta y la garantía de los derechos fundamentales en Argentina.
