Modificaciones al Código Penal generan controversia en el sistema de justicia penal

Estas reformas, en especial aquellas relacionadas con la resistencia y el atentado a la autoridad, han suscitado serias interrogantes y preocupaciones dentro de este entramado legal.

Una de las modificaciones más destacadas es el aumento considerable de las penas para la resistencia y el atentado a la autoridad. Actualmente, estos delitos son excarcelables con penas de 1 mes a 1 año (artículo 237) y 6 meses a 2 años (artículo 238). Según el proyecto presentado por Milei, estas penas aumentarían a 1 a 3 años (artículo 237) y de 4 a 6 años (artículo 238), respectivamente.

Otro punto crítico se refiere a las causales de inimputabilidad. Se propone eximir de pena a aquellos que actúan en cumplimiento de un deber, como las fuerzas de seguridad. Sin embargo, se añade que la «proporcionalidad del medio empleado» debe interpretarse siempre a favor de quien actúa en el ejercicio de ese deber. Esta disposición genera cuestionamientos, ya que no establece claramente límites precisos sobre qué se consideraría proporcional en situaciones de defensa policial frente a un ataque.

La ampliación de los supuestos de legítima defensa también ha generado controversia. Se incluyen términos de amplia interpretación discrecional como «diferencia de edad», «contextura física» o «experiencia en riña», que podrían generar temor a daño físico o ataque sexual. Esto plantea dilemas éticos y legales, como el caso de un individuo con habilidades de combate menor enfrentando a otro más robusto pero con menor destreza.

Es fundamental destacar que cada caso debe ser evaluado individualmente, ya que no todas las situaciones que generan temor habilitarían a la justicia a eximir de responsabilidad penal basándose únicamente en la percepción de un peligro inminente.

Sin embargo, esta propuesta de endurecimiento de la ley penal no está exenta de críticas y consecuencias no deseadas. Se proyecta un aumento del hacinamiento carcelario y mayores gastos para el Estado. Además, se vislumbran potenciales juicios en contra del Estado por las posibles arbitrariedades de sus agentes, aspectos que podrían evitarse mediante la implementación de soluciones alternativas.

Estas modificaciones propuestas por Javier Milei al Código Penal no solo están generando debate entre expertos legales, sino que también plantean importantes desafíos éticos y prácticos en el sistema de justicia penal argentino, avivando así una discusión que promete continuar en el ámbito público y político.