El objetivo del proyecto de ley es crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos agroecológicos.

Se ha demostrado que bastan solo 2 hectáreas de tierra para producir alimentos para 250 familias, en un año.

Frente a la agricultura tradicional o convencional, la agricultura ecológica se caracteriza por basar su metodología en un conjunto de prácticas enfocadas a minimizar el impacto de la actividad agraria en el medio ambiente. Para ello reduce el laboreo y el uso de agroquímicos, o bien sustituye estos últimos por otros de origen orgánico principalmente.

Un sistema de agricultura ecológica bien aplicado ayuda a reducir los efectos del calentamiento global y a aminorar el cambio climático, porque disminuye la emisión de estos tres tipos de gases:

Por otra parte la agricultura ecológica conlleva una menor exposición del agricultor y de los consumidores a pesticidas y otros productos químicos. Estos pueden contaminar suelos, suministros de agua y el aire, en ocasiones por muchos años.

Además la agricultura ecológica no solo ayuda a preservar más áreas de hábitat natural, sino que también favorece que aves y otros depredadores naturales vivan en las tierras de cultivo, favoreciendo el control natural de las plagas.

Ahora bien que dice el proyecto de la UTT

Una ley con doble impacto en derechos sociales básicos: tierra para producir alimentos sanos que den salud al pueblo. Quienes producimos alimentos para el mercado interno, la mayoría, no tenemos tierra propia. Alquilamos el lote donde producimos y vivimos (o sobrevivimos) junto a nuestra familia. Los dueños de las tierras no nos permiten construir viviendas dignas, vivimos en casillas de nylon y madera. En estas condiciones se producen la mayoría de los alimentos que llegan a las mesas argentinas.

¿Qué pedimos? En vez de pagar alquileres abusivos, pagar un crédito que nos lleve a la tierra propia y nos de seguridad para producir alimentos e invertir en el camino hacia la agroecología. Porque además de enfermarnos con agroquímicos, las familias que dependen de estos venenos producen a precio dólar y venden en pesos.

¿Quién se puede oponer a una ley que dé créditos a quienes producen alimentos para que vivan dignamente y puedan ofrecer una mejor calidad de alimentos?

El pasado jueves 22 de octubre presentamos nuevamente en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa que busca crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Nos acompañaron los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Agricultura, Luis Basterra, la diputada Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini, los intendentes de Tapalqué, Castelli y Mercedes, junto a varios funcionarios más que apoyan la iniciativa legislativa.

Este proyecto de ley no nace de un repollo. Son cientos de años de conflictos por la tierra, campesinos asesinados por el derecho al territorio, condiciones de vida y producción paupérrimas para las familias agrícolas de todo el país, basados en un sistema desigual de concentración de la tierra y expulsión de los campesinos y las campesinas. En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

Con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos reduciríamos muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.

El sistema virtuoso que proponemos es sencillo. El fideicomiso tendría mucha similitud con lo que es el ProCreAr (urbano). Para hacerlo comenzar a rodar el Banco Nación podría distribuir 110 millones de dólares a unas 2000 familias. Estas accederán a una parcela productiva con infraestructura y una vivienda digna por un valor promedio de entre 30 y 50 mil dólares por familia.

Todos los créditos juntos que darían acceso a dos mil familias y alimentos a más de un millón de personas significa mucho en vivienda digna y soberanía alimentaria; y muy poco en presupuesto nacional: 110 millones de dólares es un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 (U$2.680 millones).

Por último, lo que proponemos no es un discurso romántico. Es fruto de experiencias reales con colonias agroecológicas en Jauregui (BA), San Vicente (BA), Cañuelas (BA). Gualeguaychú (Entre Ríos) y Puerto Piray (Misiones). Con más de 600 has de experiencia agroecológica y de convivencia comunitaria sumamos compromisos de gobiernos municipales bonaerenses que quieren hacer lo mismo en Mercedes, Tapalqué y Castelli.