La CGT marchará el miércoles a Tribunales

La entidad sindical anunció medidas contundentes como respuesta a lo que califican como una transgresión a derechos fundamentales de los trabajadores.

La jornada de discusión y toma de decisiones fue intensa para los referentes de la central obrera. Desde la mañana, se sucedieron reuniones estratégicas y encuentros clave para definir la acción a seguir. La mañana comenzó con un encuentro entre dirigentes sindicales y legisladores de Unión por la Patria, buscando consensuar un rechazo unánime al DNU.

Posteriormente, se decidió cancelar la reunión prevista con el Ministro del Interior, Guillermo Francos. Esta decisión fue seguida por una reunión ampliada en la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) con la participación de 51 gremios, donde se delinearon los pasos a seguir frente a la situación.

«El miércoles a las 12 habrá una movilización hacia los Tribunales de la calle Lavalle, coincidiendo con presentaciones judiciales y amparos. El jueves se llevará a cabo el Confederal de la CGT en Azopardo para analizar el inicio de un plan de lucha. Por el momento, no está previsto un paro», reveló una fuente gremial que estuvo presente en la reunión de la UOCRA.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central, expresó la postura contundente del sindicato: «Tenemos que exigir que se retrotraiga el decreto». Asimismo, anticipó la intención de recurrir a la Justicia para detener la aplicación del DNU.

Daer también hizo hincapié en el carácter inesperado y lesivo del decreto, señalando que transgrede valores arraigados en la historia del país. «El escenario antirrepublicano no respeta la libertad de poder y ataca derechos laborales y sociales, generando lagunas legales que desprotegen a los trabajadores», remarcó el referente de Sanidad.

Las reformas propuestas en el DNU abarcan áreas sensibles como el cálculo de indemnizaciones por despidos, periodos de prueba, «injurias laborales», teletrabajo y acciones sindicales. Además, introduce cambios significativos, como permitir que cada afiliado a una obra social decida a qué empresa van la totalidad de sus aportes, evitando intermediarios sindicales.

Daer calificó al DNU como «ilegal, anticonstitucional, autoritario, antirrepublicano y antidemocrático», advirtiendo que representa «el ajuste más feroz de la historia argentina».

A pesar de la expectativa de una negociación con el Ministro del Interior, la delegación sindical no pudo llevar a cabo la reunión programada en la Casa Rosada. La jornada culminó con una reunión de urgencia en la UOCRA, con la presencia de los máximos referentes sindicales y líderes de distintos gremios, donde se definieron los próximos pasos a seguir.