Informe de Unicef: 7 de cada 10 niños argentinos viven en la pobreza
Según un reciente informe de UNICEF sobre las infancias en Argentina, 7 de cada 10 niños viven en situación de pobreza. Este dato impactante revela que aproximadamente 8,6 millones de menores de 18 años se encuentran en hogares con ingresos insuficientes o en entornos donde se ven vulnerados sus derechos fundamentales.
Los datos recopilados para el segundo semestre de 2023 muestran que la pobreza infantil se manifiesta en dos facetas principales: el 57,5% de los niños experimentan carencias económicas, mientras que el 43% enfrenta privaciones en cuanto a su acceso a educación y salud. Alarmantemente, un 31% de los menores sufren ambas formas de pobreza simultáneamente, lo que afecta a 3,8 millones de niños.
El impacto del deterioro macroeconómico en esta situación es innegable, según Sebastián Waisgrais, economista especializado en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina. «La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios», señala, destacando la urgencia de implementar medidas para proteger los ingresos familiares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
En el último semestre del año anterior, la indigencia infantil registró un preocupante aumento del 5%, llegando al 19,4%. «Es la primera vez que observamos un incremento tan significativo en la indigencia», advierte Waisgrais. Esto implica que 643.000 niños más han caído en la pobreza extrema.
Los datos revelan disparidades significativas según la ubicación geográfica, el género y el nivel educativo. Por ejemplo, la pobreza infantil en los barrios más desfavorecidos alcanza un alarmante 84%. La brecha de género también es notable, con un 63% entre las niñas y un 50,8% entre los niños. Además, la pobreza es más pronunciada en hogares con bajo nivel educativo (83%), hogares encabezados por madres solteras (68%) y en aquellos que residen en barrios marginales (84%).
Waisgrais destaca la importancia de mantener e incrementar las partidas presupuestarias destinadas a políticas de protección de ingresos familiares. «Aunque hemos visto algunos avances positivos en este sentido, es crucial redoblar esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», enfatiza.
