Gobierno argentino busca reformular subsidios de gas y electricidad

Este cambio se presenta como una medida para mejorar la equidad y eficiencia del gasto público, según afirman fuentes gubernamentales.

El plan propuesto incluye criterios de exclusión que afectarán a hogares cuyos integrantes posean determinados activos, como aeronaves, embarcaciones, propiedades inmuebles y automóviles de menos de cinco años de antigüedad. La intención detrás de estos criterios es focalizar los subsidios en aquellos sectores más necesitados y evitar la acumulación innecesaria de beneficios.

La audiencia pública, programada para esta semana, se centrará en la presentación de la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos lineamientos para los subsidios destinados a usuarios de menores ingresos en servicios de gas y electricidad. Se espera que durante este evento se discuta la superposición de beneficios que ha caracterizado al sistema actual de subsidios, señalado como inequitativo e ineficiente por parte de las autoridades.

Uno de los principales cambios que se proponen es la utilización de criterios más rigurosos para la selección de beneficiarios, basados en los ingresos declarados por los miembros del hogar. Estos datos se contrastarán con la Canasta Básica Energética, que establecerá los niveles mínimos de consumo necesarios para la subsistencia en diferentes contextos familiares y regionales.

La Secretaría de Energía, encargada de liderar esta reforma, busca corregir las distorsiones causadas por la acumulación de programas de subsidios, que han generado un uso excesivo de los servicios energéticos. Según estudios realizados, esta acumulación ha llevado a consumos desproporcionados, distorsionando los precios y desincentivando las inversiones necesarias en el sector.

Se destaca también la necesidad de revisar los criterios de inclusión en programas como la Tarifa Social y el Régimen de Zona Fría, asegurando que los beneficios se dirijan hacia quienes realmente los necesitan. Además, se plantea la importancia de considerar otros indicadores de vulnerabilidad económica más allá de los ingresos, como la situación de discapacidad o ser veterano de guerra.

Por último, se advierte sobre la confusión generada por la falta de transparencia en la facturación de los servicios, lo que impide a los usuarios comprender el verdadero valor de los mismos y de los subsidios percibidos.