Empleados públicos: Caen todos los contratos del 2023
El pasado martes, se firmó un decreto por parte del secretario de Coordinación Administrativa de la jefatura de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Gallo, que supone un duro golpe para miles de trabajadores del sector público.
Esta medida da de baja a todos los empleados ingresados durante el año 2023, tanto contratados como agentes empleados, generando incertidumbre y preocupación en diversos sectores.
El documento oficial argumenta la necesidad de dar por finalizadas las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional en concordancia con modificaciones realizadas a la Ley de Ministerios N° 22.520. Esta reestructuración busca la optimización de recursos, lo que conlleva la revisión exhaustiva de todas las contrataciones realizadas bajo distintos marcos legales desde el año 2022 hasta la actualidad.
El artículo 1° del decreto establece la finalización de contratos para aquellos que hayan iniciado su labor a partir del 1 de enero de 2023, abarcando distintas modalidades de contratación, como las regidas por la Ley N° 25.164 y el Decreto N° 1109/2017, entre otras. Sin embargo, se excluyen de esta medida ciertas contrataciones específicas, como aquellas derivadas de cupos regulados por ley, personal con antigüedad anterior al 1 de enero de 2023 que haya modificado su modalidad de contratación, y aquellos cuya continuidad sea considerada indispensable y debidamente fundamentada por las autoridades de cada jurisdicción.
Asimismo, se insta a las autoridades competentes de cada área a realizar un minucioso relevamiento del personal contratado con fecha de ingreso anterior al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar la renovación de dichos contratos, debiendo fundamentar su decisión en caso de optar por la continuidad de los mismos.
El decreto establece plazos precisos para las distintas acciones a llevar a cabo, solicitando a las jurisdicciones mencionadas en la medida informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre el cumplimiento de lo dispuesto, además de facultar a esta última para dictar normas complementarias y aclaratorias que consideren necesarias.
Esta decisión, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, genera preocupación entre los afectados, quienes ven en esta medida una situación de incertidumbre laboral en un contexto ya complejo por la situación económica y social del país.
La medida, que lleva la rúbrica presidencial, plantea un escenario desafiante para miles de trabajadores, que deberán aguardar las evaluaciones de las autoridades correspondientes para conocer el destino de sus empleos en un futuro inmediato.
