El gobierno da de baja más de 27.000 planes sociales por irregularidades
El Gobierno nacional comunicó la decisión de dar de baja más de 27.000 planes sociales, en un esfuerzo por combatir irregularidades y optimizar el uso de los recursos estatales.
La medida, que entrará en vigencia la próxima semana, busca recuperar la considerable suma de $2.000 millones.
El Ministerio de Capital Humano fue el encargado de llevar a cabo la verificación de datos y el cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Esta revisión exhaustiva reveló la existencia de 27.208 planes «Potenciar Trabajo» y 12 planes «Potenciar Empleo» que presentaban incompatibilidades, lo que llevó a la suspensión inmediata de sus pagos.
La cruzada contra la erogación incorrecta de fondos públicos se fundamenta en la detección de diversas incompatibilidades, resultado del cruce de información entre Anses y el Sinstys (Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social). Entre las irregularidades encontradas se cuentan beneficios de jubilación o pensión, percepción de prestación por desempleo, condición de monotributistas categoría C o superior, actividad como trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, casos de fallecimiento y la posesión de un automóvil con menos de 10 años de antigüedad.
La medida busca no solo garantizar la transparencia en la asignación de recursos, sino también evitar el desembolso indebido de 2.000 millones de pesos por parte del Estado nacional. Este enfoque en la eficiencia y el uso responsable de los fondos públicos responde a la necesidad de optimizar la administración de recursos en medio de un contexto económico desafiante.
La reacción ante esta decisión no se hizo esperar, generando un debate sobre la necesidad de implementar controles más rigurosos desde el inicio de la asignación de planes sociales. Mientras algunos sectores respaldan la medida como un paso necesario para asegurar la correcta distribución de recursos, otros expresan preocupación por el impacto que podría tener en aquellas personas legítimamente necesitadas de asistencia.
