«El DNU y la Ley ómnibus lesionan el derecho a la salud», dicen profesionales de sanidad

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) emitió un contundente pronunciamiento este miércoles en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus del presidente Javier Milei, argumentando que estas medidas representan una amenaza al derecho a la salud pública de la población.

En un comunicado de prensa, la Cicop expresó su preocupación por las implicaciones que estas decisiones gubernamentales podrían tener en el sistema de salud pública. Alertaron sobre la posibilidad de una sobrecarga y una vulneración del sistema, argumentando que las medidas anunciadas, como la liberación de precios de las prepagas, podrían motivar a más personas a buscar atención en el sistema público debido a la inaccesibilidad de los efectores privados.

La organización sindical enfatizó que estas acciones representan una violación a los principios fundamentales de la salud, así como al papel esencial que desempeñan los profesionales de la salud en la atención primaria. Expresaron su inquietud frente a la decisión del Gobierno de otorgar un poder absoluto al mercado, lo cual, sumado a los recursos limitados disponibles como camas de cuidados intensivos y capacidad de asistencia en consultorios, podría llevar al sistema al colapso ante una sobrecarga sostenida.

Uno de los puntos críticos señalados por la Cicop fue la liberación de la regulación de los aumentos de las prepagas, que ya han registrado un incremento entre un 35 y un 40%. Además, advirtieron sobre la desfinanciación de las obras sociales, lo cual podría afectar programas vitales como vacunación, salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y tratamientos oncológicos, entre otros.

Otra preocupación planteada fue la reforma en el sector farmacéutico, que permitiría la venta libre de medicamentos en comercios. La Cicop considera que esto desincentivaría la consulta con profesionales de la salud y fomentaría la sobremedicación, planteando serias consecuencias para la salud pública.

En el mismo sentido, manifestaron su alarma por la desfinanciación de la producción pública de medicamentos y vacunas, la autorización para que personas sin título habilitante estén a cargo de farmacias y la posibilidad de que las farmacias sean propiedad de sociedades anónimas con fines netamente comerciales.

Por último, la asociación sindical hizo hincapié en que la ley ómnibus supone un retroceso en materia de salud mental al permitir internaciones por orden judicial sin la mediación de un equipo interdisciplinario, desmantelando los organismos de control y propiciando criterios arbitrarios para la internación, que no responden a criterios sanitarios.

La Cicop concluyó que estas medidas representan una amenaza grave para el sistema de salud pública y abogan por un análisis más profundo y responsable que garantice el acceso universal y equitativo a la salud de la población.