Casi 4 de cada 10 inquilinos rionegrinos debieron rescindir su contrato
La 3° Encuesta Nacional a Inquilinos advirtió que en la provincia los alquileres ya absorben más de la mitad del salario de las familias. Jóvenes y adultos mayores, los más impactados. Reclaman una Ley Nacional que evite abusos.
La Federación de Inquilinos Nacional comenzó en 2018 a realizar encuestas en todo el país -tomando 4.200 casos- ante la ausencia de estadísticas oficiales que midan el impacto del aumento en el precio del alquiler en la economía familiar.
La continuidad de estas mediciones permitió corroborar un aumento interanual de 6 puntos desde febrero del año pasado a la actualidad: las familias que destinaban el 41 por ciento de sus ingresos al alquiler, ahora deben invertir el 47 por ciento. La estadística no incluye el pago de expensas, impuestos ni servicios públicos.
En Río Negro, con incrementos en los alquileres de un 35 por ciento en promedio, la porción del salario con ese destino es aún mayor, ascendiendo al 50,50 por ciento. Situación que se agrava entre jóvenes y adultos mayores, en cuyas economías representa el 55 por ciento de sus ingresos.
Desde la Unión de Inquilinos Rionegrinos, presidida por Roberto Díaz, señalaron que “lo más grave de todo, es que casi el 38 por ciento de los inquilinos rionegrinos tuvo que rescindir y dejar la vivienda que alquilaba por no poder afrontar los aumentos”. A nivel nacional, tuvo que dejar su hogar el 30,33 por ciento al no poder costear la renovación.
Al respecto, Díaz apuntó que “pareciera que a nadie le importara que una familia quede literalmente presa de los aumentos de alquileres que carcomen el salario, y los haga olvidar la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Estamos ante una situación de emergencia que debe ser atendida”. La situación en Bariloche –explicó-se complejiza aún más por el destino de viviendas para el sector turístico, que reduce la oferta de alquileres permanentes y “tracciona los precios”.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, arriesgó que, con este diagnóstico y en un contexto inflacionario que supera los acuerdos paritarios y corroe los ingresos de los trabajadores, “no hay más opciones que fijar límites a los aumentos de precios y terminar con esta rueda de alquileres cada vez más caros e inquilinos cada vez más pobres”.
La solución, afirmó, radica en la sanción de una Ley de Alquileres que incluya una fórmula de actualización que contemple la inflación y los salarios. “En este punto se centra la oposición del mercado inmobiliario y de un sector de la dirigencia política”, cuestionó, comprendiendo que, de aprobarse, “deberán resignar parte de su rentabilidad y aceptar que los precios se actualicen a la par de los indicadores económicos”.
Las consecuencias en la vida cotidiana de miles de familias son alarmantes: “Son cada vez más quienes se mudan a viviendas más pequeñas o alejadas, los que comparten techo con padres, hijos o hasta desconocidos, o quienes alquilan habitaciones derruidas en hoteles familiares. En el otro extremo de la pirámide inquilina, están quienes alquilan en villas o asentamientos por primera vez en su vida o quienes engrosan el creciente número de personas en situación de calle”, señaló Muñoz.
