La investigación por el homicidio del policía Lucas Muñoz sumó ayer nuevas fojas al voluminoso expediente. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó por orden del juez de feria Ricardo Calcagno una vivienda, que está ubicada en la calle Molle al 100 del barrio El Frutillar.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió droga en el interior de la vivienda. No se informó qué tipo de estupefaciente hallaron ni la cantidad.
El secuestro de la droga originó una causa penal en el juzgado federal de Bariloche. La vivienda allanada en el barrio El Frutillar, según fuentes con acceso a la causa Muñoz, pertenece a un dirigente político que fue funcionario del exintendente Marcelo Cascón, pero que hoy es “puntero” del gobierno provincial.
Las fuentes optaron por mantener la identidad en reserva del dirigente político, que no quedó detenido.
El objetivo del allanamiento, que había solicitado el fiscal Martín Govetto, a cargo de la investigación del homicidio, era secuestrar celulares para su posterior peritación de los registros de las llamadas. Pero fuentes judiciales no revelaron si hallaron celulares. Sólo comentaron que incautaron algunos elementos. El dato sobresaliente es que en la diligencia judicial hallaron drogas.
Mientras, los investigadores siguen tras la pista del secuestro extorsivo, que finalizó con el crimen de Muñoz, cuyo cadáver apareció el 10 de agosto pasado. Por el crimen aún no hay imputados.
El gobernador Alberto Weretilneck aseguró el lunes en esta ciudad que nunca el gobierno provincial recibió un mensaje extorsivo. “Nunca tuvimos una comunicación fehaciente ni por terceros de que se le esté haciendo algo al gobierno de la provincia ni tampoco a la familia. Por eso, insisto que es algo muy raro porque ni la Provincia, que era responsable de él (por Muñoz) ni la familia tuvieron un mensaje de estas características ni en las primeras ni en las últimas horas”, sostuvo el gobernador.
Los tres licenciados en psicología que trabajaron a finales de noviembre pasado con el equipo a cargo de Govetto, concluyeron que desde el plano criminológico, el caso “tiene tiempos similares a los de un secuestro con características extorsivas”.
“De alguna manera son los argumentos que yo planteé como gobernador cuando dije: ¿quien puede secuestrar a un efectivo de la policía de la provincia, con su uniforme, tenerlo 25 días y asesinarlo y devolverlo en esas condiciones? Y el porqué de tantos días”, recordó Weretilneck.
“Fue de las hipótesis que nosotros planteamos en aquel momento y que comparto –añadió–. No tendría sentido tener una persona en cautiverio durante tanto tiempo si no es que se estaba buscando algo. Lo que pasa es que no sabemos ni nos ha llegado qué es eso que se estaba buscando”.
El oficial ayudante desapareció el 16 de julio pasado cuando se dirigía a trabajar en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril de Bariloche. Hallaron su cadáver el 10 de agosto último con un tiro en la nuca y otro en la pantorrilla. Estaba vestido con su uniforme, tenía sus pertenencias y hasta su arma reglamentaria. No hallaron indicios de que haya sido torturado. Los estudios del cuerpo médico forense de la Corte Suprema concluyó que no fue drogado antes de que lo asesinaran. (barilochense.com)
