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Aumento de dietas para diputados y senadores: ¿Un contraste con la realidad económica del país?

Los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Nación han decidido incrementar las dietas de los 329 legisladores que componen el cuerpo legislativo nacional. Este aumento, que no ha pasado desapercibido para muchos, ha levantado ciertas interrogantes sobre su coherencia en el actual contexto económico.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, su homóloga en el Senado, firmaron una paritaria para los trabajadores del Congreso en la cual se estableció un aumento salarial acumulativo del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y un 12% adicional desde el 1° de febrero. Aunque estos porcentajes se encuentran por debajo de la inflación registrada en meses anteriores y la esperada para el futuro cercano, resulta destacable el contraste con las políticas de ajuste que el gobierno actual ha implementado.

Es importante señalar que, en medio de una inflación creciente, el gobierno liderado por Javier Milei ha otorgado un aumento del 12% a los trabajadores estatales, lo que ha generado descontento y el inicio de acciones de protesta por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este contexto económico tenso, marcado por el desequilibrio entre los ingresos y el costo de vida, hace que el aumento de las dietas parlamentarias sea visto con mayor escrutinio.

El incremento aprobado sitúa las dietas de los diputados nacionales en 1.567.000 pesos en enero y 1.984.000 pesos en febrero. Estas cifras, aunque pueden parecer elevadas en comparación con los ingresos promedio de los ciudadanos argentinos, deben ser analizadas considerando el contexto particular de los legisladores, quienes también perciben otros beneficios como el plus por desarraigo, pasajes y gastos de representación.

La resolución que autoriza este aumento establece que se otorgará en función de la disponibilidad presupuestaria, lo que plantea preguntas sobre la priorización de los recursos públicos en un momento de dificultades económicas para muchos sectores de la sociedad. Además, este movimiento contradice el discurso gubernamental que prometía ajustar los gastos de «la casta» política, enfocándose en lugar de ello en medidas que afectan principalmente a los trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables.

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