Río Negro

ATE se moviliza en organismos nacionales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro de 24 horas, junto con concentraciones en las sedes del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia.

Esta medida de fuerza se inicia hoy y busca hacer frente a las posibles acciones de ajuste en la plantilla laboral de los ministerios y organismos públicos, según declaraciones de Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro.

«La gestión entrante parece orientada a aplicar un ajuste significativo sobre el personal que labora en distintos ministerios y organismos. Esto se evidencia en la elaboración de una base de datos de trabajadores contratados y sin estabilidad», señaló Aguiar.

El incumplimiento por parte del gobierno con funciones hasta el 10 de diciembre del plan de regularización del empleo público suscrito en 2021 es motivo de preocupación. Actualmente, más de 64.000 trabajadores se encuentran en condiciones precarias bajo diversos modelos contractuales, según datos proporcionados por el secretario gremial.

«Los derechos laborales conquistados no pueden ser vulnerados. Es fundamental salvaguardar las condiciones de quienes día a día sostienen el funcionamiento del Estado», añadió Aguiar en referencia a la situación actual.

ATE no descarta profundizar las medidas de protesta en caso de que se concreten despidos masivos o un proceso de vaciamiento estatal en las semanas venideras.

Esta acción sindical refleja la preocupación y el compromiso de los trabajadores por defender sus derechos laborales en un contexto de incertidumbre respecto a la estabilidad laboral en el ámbito público.

El paro de 24 horas acompañado de concentraciones en las sedes ministeriales constituye un llamado a la reflexión por parte de las autoridades entrantes sobre el impacto social y económico que podrían generar acciones de ajuste que pongan en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

La movilización de ATE pretende enviar un mensaje contundente a las nuevas autoridades sobre la importancia de respetar y proteger los derechos adquiridos por los trabajadores del Estado, destacando la necesidad de diálogo y consenso en la gestión de políticas que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.

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