A horas del tratamiento en el Senado del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, legisladores de Juntos Somos Río Negro anunciaron que “este momento exige definiciones” e hicieron pública su posición a favor de la Ley.

El Documento:

Que sea Ley. Cese de la clandestinidad, el riesgo y la estigmatización

En la sesión del senado de la Nación se tratará el proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo. Es importante que sea ley.

Estamos en vísperas de lo que ha de ser un cambio hacia adelante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Lo primero que debemos expresar es que no estamos a favor del aborto, dado que nadie puede estarlo, y nadie debe promoverlo. Quienes llegan a esta situación, lo hacen porque la desesperación o el convencimiento han sido superiores al riesgo o a la ilegalidad.

Desde 1921 el aborto está penado en la Argentina, pero, es evidentemente que esta tipificación penal no tiene correlato en la práctica.

En nuestra provincia la ILE es Ley desde 2012. El Proyecto tuvo un largo camino, de más de 10 años, hasta su tratamiento. Finalmente, en 2012 se aprobó y en la actualidad tiene plena vigencia.

Entendemos que maternar es un derecho, un proyecto, un deseo de las mujeres en el momento adecuado y con quien elijan.

Los derechos sexuales y reproductivos son consustanciales cuando se piensa en clave de derechos humanos. Uno de los hitos más importantes se produjo en los años 60 con la introducción de los métodos anticonceptivos.

Creemos que el laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos. A los estados laicos les corresponde garantizar la separación entre iglesia y Estado y a quienes tenemos responsabilidades de gobierno nos corresponde defenderla y exigir que se mantenga.

Las mujeres por años fueron consideradas “Incubadoras vivientes”, porque lo importante era reproducir y a nadie le importaba su sexualidad. Entendemos que esto tuvo que ver con la construcción histórica de un Estado paternalista y patrón, que, avasalla las decisiones personalísimas. Y, también, con una falta de política pública en salud sexual y reproductiva. Mucho se habla acerca de la libertad, máximo valor que hace a la condición humana y a la dignidad, sin embargo, es necesario mejorar las decisiones que conducen a garantizarla. Hay una realidad que no podemos ignorar mientras mueran mujeres por causas evitables.

Datos de los hospitales indican que se produce una muerte materna cada 3 días. Cada 2 partos se practica un aborto inseguro, siempre hablando de sub registros, porque el aborto en la Argentina está penado. Consideramos que esto debe cambiar a partir de la aprobación de la ley que se debatirá en el senado el 29 de diciembre.

En nuestra Argentina hay desigualdad. Ante ello es el Estado, con sus decisiones públicas, quien debe intervenir para procurar el equilibro, porque la clandestinidad existe para todas pero se lleva la vida de las mujeres pobres.

Estaremos siempre por la ampliación de los derechos, porque no se puede menospreciar la inteligencia de las mujeres diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo será utilizada como un método anticonceptivo más.

Nuestro compromiso es por las mujeres que lucharon y no están, por las de hoy, por las anónimas y las visibles, por los hijos, hijas, nietos y nietas de ellas, por las que murieron por muertes evitables.

Nos expresamos a favor de que el poder se distribuya. Que lo diferente no sea motivo de discriminación sino de renovación. El proyecto no establece obligaciones para las mujeres. Otorga derechos, protege la salud y evita las muertes por prácticas clandestinas.

Hoy las practicas medicamentosas se realizan, pero, solo está al alcance de las mujeres que tienen acceso económico.

El proyecto de Ley IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, es un acto de justicia social. Se trata de poner fin a la violencia. Es claro que la criminalización del aborto, incluso la penalización parcial que en principio reconoce causales para permitirlo, sigue vulnerando a las mujeres. Frecuentemente se impone el juicio de quienes ejercen ciertas profesiones por sobre las necesidades, los deseos y el discernimiento de quienes sufren las consecuencias de lo normado en una sociedad patriarcal.

Deseamos que no existan mujeres sometidas por la burocracia judicial, el intervencionismo religioso, o el ejercicio autoritario, hegemónico y lucrativo del poder médico.

Firman este documento: Valdebenito Graciela, Torres Norma, Szcigol Marcelo, Silva Mónica, Rivas José, Pica Lucas, Muena Juan Pablo, Johnston Carlos, Ibáñez Huiaquian Darío, Herrero Helena, Fernández Roxana, Fernández Julia, Del Agua Adriana, Apud José María, Andaloro Nancy.