Un casamiento con «personal preso»: el escándalo que sacude a la policía

Fue una celebración íntima, según testimonios recolectados, aunque no precisamente convencional. En medio de un clima de confianza entre el comisario y los detenidos —algunos por delitos menores—, Galván habría organizado un plan inusual: contratar a los presos como personal de servicio para su boda civil. Sin autorización judicial ni registro administrativo, los internos fueron trasladados sin custodia desde la comisaría hasta un salón cercano, donde pasaron varias horas trabajando en la organización del evento.

Según relatos presentados ante el tribunal, uno de ellos se encargó del cordero a la cruz; otro actuó como mozo; otros más colaboraron en la limpieza posterior. Tras finalizar la fiesta, regresaron solos a sus celdas.

“No hubo guardias, no hubo control, simplemente se les dio permiso de ir y venir”, declaró un testigo clave en el juicio.

Durante la audiencia judicial, varios de los detenidos reconocieron haber participado del evento, aunque con detalles que variaban entre uno y otro. Uno de ellos, emocionado, aseguró: “Fui a hacer el cordero. Me dijeron que era para una buena causa”. Otro, más crítico, señaló: “No tuve opción. Me dijeron que si no iba me complicaban la salida condicional”.

La fiscalía destacó que la ausencia de medidas de seguridad podría haber derivado en una fuga masiva o en un incidente grave. “Tuvo suerte de que ningún preso escapara”, afirmó el fiscal interviniente, quien calificó el acto como una “grave falta de responsabilidad institucional”.

Este tipo de situaciones, aunque infrecuentes, no son completamente ajenas al sistema carcelario argentino, particularmente en regiones con menor infraestructura y control. En comunidades pequeñas como Lonquimay, la relación entre fuerzas de seguridad y detenidos puede tornarse más informal, lo que genera riesgos tanto para la institución policial como para la justicia.

El comisario Galván, quien enfrenta ahora un proceso penal por incumplimiento de deberes, sostiene que detrás de la denuncia hay una “interna policial” motivada por resentimientos personales. Sin embargo, fuentes judiciales indican que el informe pericial del operativo de seguridad del día del casamiento es contundente: nunca se registró la salida de los internos ni se solicitó autorización alguna.

La noticia ha generado ondas de impacto en toda la región. Vecinos de Lonquimay expresaron su sorpresa ante lo que consideran una burla al sistema penitenciario. “¿Cómo se permite que alguien use presos como sirvientes?”, preguntaba indignado un comerciante del pueblo. “Eso no es justicia, eso es favoritismo”.

Dentro de la Policía de La Pampa, el caso generó tensiones internas. Algunos sectores apoyan a Galván, mientras que otros exigen sanciones ejemplares. La Secretaría de Seguridad provincial anunció que analiza posibles reformas en el manejo de detenidos en áreas rurales y pequeñas jurisdicciones.

La sentencia contra el comisario Cristian Galván se conocerá el próximo 28 de julio. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, podría recibir una pena de hasta un año y tres meses de prisión condicional, además de una inhabilitación temporal para desempeñar cargos directivos.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre los límites entre autoridad y poder, y cómo ciertos privilegios pueden corromper instituciones diseñadas para garantizar el orden y la justicia.

“Este no es un hecho aislado”, dijo una fuente judicial bajo anonimato. “Es el reflejo de una cultura que aún persiste en algunos sectores de la policía. Mientras haya impunidad, seguirá ocurriendo”.