Reformulan cargos por homicidio culposo y violencia obstétrica en un parto en Río Colorado
La fiscalía descentralizada de Río Colorado avanzó en la causa por la muerte de un bebé durante un parto ocurrido el 17 de junio en el hospital local. Este viernes, se confirmó la reformulación de cargos por homicidio culposo en contexto de violencia obstétrica contra dos profesionales de la salud: una médica tocoginecóloga y un licenciado en obstetricia. La decisión, avalada por el juez de Garantías, abre una nueva etapa en una investigación que sigue generando preguntas y conmoción en la comunidad.
Según la reconstrucción fiscal, los hechos se desarrollaron entre las 8 y las 13 horas, en medio de un trabajo de parto avanzado. La mujer gestante estaba siendo asistida por el licenciado en obstetricia, mientras su pareja presenciaba la escena.
De acuerdo con la acusación, durante ese período se habrían aplicado prácticas alejadas de las recomendaciones médicas actuales. El fiscal sostuvo que se utilizaron maniobras “expresamente desaconsejadas” para situaciones de parto estacionario, en contradicción con protocolos y consensos internacionales.
Como si fuera poco, también se describe un trato hostil hacia la mujer. Ese punto no es menor: la fiscalía encuadra lo ocurrido dentro de un posible caso de violencia obstétrica, tal como lo establece la Ley 26.485.
El rol de cada imputado
La investigación no apunta a una sola persona. Mientras el licenciado en obstetricia es señalado por la intervención directa durante el parto, la médica tocoginecóloga también quedó bajo la lupa.
Según la hipótesis fiscal, la profesional habría estado presente en la sala de partos, pero no intervino ante las irregularidades detectadas. Para los investigadores, esa omisión también tuvo consecuencias.
“Pese a presenciar lo que ocurría, no habría adoptado medidas para resguardar la integridad de la paciente ni la vida del bebé”, se desprende de la acusación.
Consecuencias y encuadre legal
El desenlace fue trágico. Siempre según la fiscalía, las acciones y omisiones durante el procedimiento derivaron en un cuadro crítico para el bebé por nacer, que finalmente falleció.
En este contexto, los cargos fueron reformulados. Para el licenciado en obstetricia, la calificación es homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, enmarcado además en violencia obstétrica.
En tanto, para la médica, se suma un elemento clave: la figura de “comisión por omisión”. Es decir, no haber actuado cuando debía hacerlo.
No hay que olvidar que ambos se desempeñaban en un hospital público, lo que agrava la mirada judicial sobre sus responsabilidades.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue la causa
El juez de Garantías aceptó la reformulación de cargos y decidió mantener las medidas cautelares vigentes. Entre ellas, la prohibición de salida del país para los imputados.
A partir de ahora, la causa seguirá su curso con una investigación más precisa sobre lo ocurrido en esa sala de partos. Aún no está claro cuál será el desenlace judicial, pero lo cierto es que el caso ya puso en foco prácticas médicas, responsabilidades profesionales y un tema sensible: el respeto y cuidado en el proceso de parto.
Mientras tanto, la comunidad sigue de cerca un expediente que no solo busca determinar responsabilidades, sino también dejar una señal clara sobre los estándares de atención en el sistema de salud.
