Rechazo al empleo de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad
La senadora nacional Magdalena Odarda (partido RIO), rechaza el contenido de la Resolución 956/18, del Ministerio de Seguridad de la Nación, que otorga a las distintas fuerzas nacionales la posibilidad de usar armas de fuego contra la población civil, violando así el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y legalizando la implementación de la violencia por parte del Estado, principal responsable de proteger la vida y de garantizar la seguridad de todas las personas.
El uso irresponsable del poder de fuego letal que pretende la citada Resolución se encuentra destinado a disciplinar a quienes hagan uso de su derecho constitucional de manifestarse y de peticionar a las autoridades, lo que convierte a este reglamento en una herramienta que permitirá a cualquier integrante de las fuerzas matar con impunidad, convirtiendo así en ley al gatillo fácil.
Los casos en que éste Reglamento habilita el uso letal de armas de fuego son prácticamente un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad al momento de ser cuestionados judicialmente.
Tal como lo expresan los miembros de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi), esta medida permitirá, lisa y llanamente, que se puedan realizar nuevos fusilamientos por el sólo hecho de que el sospechoso pueda “poseer un arma letal, integrar un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”; por lo que “con esta norma en vigencia no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial”.
A través de esta medida, el gobierno se encontrará avasallando el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que establecen los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así que en situaciones tales como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras, o cualquier intento de robo en la vía pública, se permita a los policías hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente.
En definitiva, el nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales, permitiendo que se catalogue como “cumplimiento de deberes” a una enorme gama de situaciones que hoy son consideradas como irracionales y excesivas por parte de las fuerzas de seguridad, alentando así el uso de armas de fuego (policial y civil) y evitando que los agentes del estado rindan cuenta de sus acciones.
