Después de varias horas de debate y negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó las modificaciones impulsadas por la oposición y consiguió un respaldo de dos tercios de la Cámara baja. El resultado representó un cambio en la estrategia de La Libertad Avanza, que terminó acordando un texto que mantiene buena parte de las condiciones vigentes para las personas con discapacidad.

La iniciativa recibió el acompañamiento de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, gran parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales. Los principales rechazos provinieron de diputados cordobeses, mientras que la izquierda optó por la abstención al considerar insuficiente la respuesta a las deudas acumuladas con los prestadores.

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue dejar de lado el ajuste que el Gobierno había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027. Esa propuesta había generado cuestionamientos incluso entre sectores aliados, que reclamaron sostener las garantías del sistema de discapacidad.

Qué cambia con la nueva ley de discapacidad

El proyecto establece un marco permanente para las prestaciones y pensiones, con el objetivo de evitar que su continuidad dependa de sucesivas prórrogas de una declaración de emergencia.

Entre sus principales disposiciones, contempla:

Continuidad de las pensiones no contributivas: se mantiene un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima.

Actualización de los aranceles: se conserva un nomenclador común para las prestaciones básicas, con actualización vinculada a la inflación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD): continúa como principal vía de acceso al beneficio.

Compatibilidad con el empleo formal: las personas con discapacidad podrán conservar la pensión si trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Cobertura de salud: se incorporan garantías para que los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad accedan a las prestaciones básicas previstas en la legislación vigente.

El mantenimiento de estas condiciones fue determinante para reunir los votos necesarios. Para los sectores que impulsaron los cambios, el objetivo era evitar retrocesos en derechos y dar mayor previsibilidad tanto a los beneficiarios como a las instituciones que brindan servicios.

El ajuste del Presupuesto 2027 quedó fuera del acuerdo

La discusión tomó otro rumbo cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía modificaciones al régimen de pensiones por invalidez laboral.

Entre los cambios cuestionados figuraban la utilización del criterio de invalidez laboral para acceder al beneficio, la eliminación del CUD como vía directa de acceso, la incompatibilidad entre la pensión y el empleo registrado y la eliminación del nomenclador de aranceles unificados.

De haberse aplicado ese esquema, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y las provincias habrían podido establecer sus propios valores para las prestaciones, sin un mecanismo automático de actualización por inflación.

La propuesta generó tensiones políticas y obligó al oficialismo a revisar su posición. Para destrabar las negociaciones, el Gobierno se comprometió a retirar esas disposiciones del acuerdo y avanzar con una norma que preserve los principales componentes del sistema actual.

Financiamiento, controles y protección frente a bajas arbitrarias

Además de sostener las pensiones, el texto incorpora herramientas para ordenar el financiamiento y establecer controles sobre los beneficios.

La iniciativa identifica partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a cubrir el sistema y prevé compensaciones del Tesoro nacional si esos recursos resultan insuficientes. También establece que el ingreso por beneficiario deberá mantener su poder adquisitivo respecto del año anterior.

En materia de fiscalización, la Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el RENAPER y el SINTyS.

El proyecto habilita la suspensión preventiva de una pensión ante incumplimientos objetivos, pero establece garantías de notificación y defensa para las personas involucradas. También contempla mecanismos de rehabilitación provisoria del beneficio, con el propósito de evitar interrupciones arbitrarias.

Otro punto relevante es la situación de los prestadores que mantienen deudas pendientes. Si al momento de sancionarse la ley existen obligaciones impagas, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y efectuar los pagos en un plazo de 90 días.

El reclamo de las organizaciones fue clave en la negociación

La discusión legislativa estuvo atravesada por los planteos de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias, que venían reclamando una respuesta frente a la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones.

El diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad fue uno de los principales interlocutores durante las negociaciones. Antes de la votación, reclamó que el acuerdo incluyera el compromiso de eliminar los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y advirtió que su bloque no acompañaría el proyecto si no se aceptaban las modificaciones propuestas.

Desde Unión por la Patria, Juan Marino explicó que la oposición buscó una alternativa ante la falta de votos suficientes para prorrogar la emergencia. Según señaló, las conversaciones con las organizaciones apuntaron a impedir que la nueva legislación implicara retrocesos respecto de los derechos vigentes.

Victoria Tolosa Paz, por su parte, destacó la incorporación de garantías de cobertura sanitaria, la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, el refuerzo del financiamiento y los mecanismos de defensa frente a eventuales bajas de beneficios.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió el acuerdo y sostuvo que la responsabilidad fiscal no debe ser incompatible con la sensibilidad social.

Sin embargo, no todos los bloques consideraron suficiente el proceso de elaboración. Los diputados cordobeses que votaron en contra cuestionaron la participación de las organizaciones del sector en la redacción de la norma. La izquierda, en tanto, fundamentó su abstención en la falta de una solución que considerara adecuada para las deudas con los prestadores.

Qué falta para que la ley entre en vigencia

Con la aprobación de Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado, donde se definirá su futuro legislativo. El respaldo de dos tercios obtenido en la Cámara baja constituye una mayoría significativa, aunque no elimina por sí mismo la posibilidad de modificaciones durante el trámite parlamentario ni las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

La votación dejó en evidencia que el debate sobre discapacidad excede la discusión presupuestaria. En el centro de la controversia están la continuidad de los ingresos de miles de personas, el acceso a tratamientos y prestaciones esenciales y la capacidad de las instituciones para sostener sus servicios.

La aprobación representa un avance para quienes reclamaban una solución permanente. El paso siguiente será determinar si el Senado convierte el acuerdo en ley y cómo se implementan las garantías de financiamiento, cobertura y actualización que contempla el proyecto.