Ley de Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apeló el fallo que ordena su aplicación inmediata
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional presentó una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para frenar la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma aprobada por el Congreso y suspendida luego por decreto. En el centro de la discusión aparecen el financiamiento de la ley, el equilibrio fiscal y, del otro lado, derechos básicos como la salud y la educación de las personas con discapacidad.
La decisión que desató el cruce fue tomada por el juez federal Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana. Allí se declaró nulo el artículo principal del Decreto 681/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y se ordenó la plena vigencia de la ley hasta fines de 2027.
Para el magistrado, los derechos constitucionales vinculados a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad no pueden quedar supeditados a restricciones presupuestarias. En su fallo también recordó los compromisos asumidos por la Argentina en tratados internacionales de derechos humanos, que obligan al Estado a garantizar este tipo de prestaciones.
Desde el Ejecutivo la lectura es completamente distinta. La apelación presentada sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada sin detallar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir su costo. Según el Gobierno, aplicar la norma en estas condiciones implica forzar un gasto público sin respaldo, lo que pondría en riesgo el programa de equilibrio fiscal.
En ese marco, la administración libertaria considera que el fallo judicial avanza sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la elaboración y ejecución del presupuesto. “La Justicia no puede obligar a gastar sin decir de dónde salen los fondos”, repiten cerca de Casa Rosada.
Detrás del expediente hay historias concretas. La demanda inicial fue presentada por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que recurrieron a la Justicia al ver interrumpidos tratamientos y servicios esenciales tras la suspensión de la ley.
Ese punto fue clave en la resolución del Juzgado Federal de Campana, que puso el foco en el impacto inmediato de la medida sobre la vida cotidiana de miles de personas. Lo cierto es que, para muchas familias, la discusión jurídica se traduce en una pregunta urgente: cómo sostener terapias, apoyos educativos y prestaciones básicas sin un marco legal claro.
Más allá del expediente, el conflicto abre una discusión de fondo sobre los límites entre los poderes del Estado. ¿Hasta dónde puede llegar la Justicia cuando entiende que están en juego derechos fundamentales? ¿Y qué margen tiene el Ejecutivo para frenar una ley aprobada por el Congreso en nombre del orden fiscal?
Según analistas legales, la decisión que adopte la Cámara Federal de San Martín podría sentar un precedente relevante, no solo en materia de discapacidad, sino también en la relación entre presupuesto, políticas públicas y control judicial.
Ahora la última palabra la tendrá la Cámara de Apelaciones. Allí se definirá si la Ley de Emergencia en Discapacidad debe aplicarse de manera inmediata o si el decreto del Gobierno recupera vigencia mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue. Y en el medio, como casi siempre, quedan las familias que esperan una respuesta concreta del Estado.
