Lapidario informe de Amnistía Internacional sobre la Argentina
El progresivo aumento de la represión a los pueblos originarios y la protesta social son aspectos destacados en el informe anual de Amnistía. El caso Maldonado y la violencia de género forman parte también del dramático historial que el estudio recogió durante el segundo año de la administración Macri.
La organización internacional dio a conocer su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo para el período noviembre de 2016 a noviembre de 2018.
El documento detalla el retroceso o agravamiento de las situaciones violatorias de los derechos individuales por parte de los Estados, que implican tanto el uso abusivo de la fuerza en la represión a manifestaciones civiles, como la sanción o modificación de leyes que los llevan a un punto de extrema fragilidad.
Amnistía Internacional es una organización ajena a todo gobierno, ideología o interés económico, autofinanciado mediante las donaciones de más de 7 millones de personas alrededor del mundo.
Mariela Belski, directora de amnistía Internacional argentina, explicó que el informe no está planteado en términos comparativos de uno a otro gobierno ni tampoco establece un ranking de países, sin embargo aseguró que “sí notamos con preocupación un incremento de los episodios de abuso por parte de las fuerzas de seguridad durante el último año, y un claro avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios”.
“La mayoría de las comunidades indígenas”, detalla el informe refiriéndose a Argentina, para el período analizado, “aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales”.
Y relata que “en enero, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una policía federal militarizada, cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut. La comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas. Se detuvo al menos a 10 miembros de la comunidad y personas que los apoyaban”.
Más adelante en el texto Amnistía destaca también que “En agosto, la GNA (Gendarmería Nacional Argentina) llevó a cabo una operación ilegal en esa misma comunidad, durante la cual desapareció Santiago Maldonado, persona no indígena que apoyaba al pueblo mapuche. En octubre se encontró su cadáver en un río en ese mismo territorio. La investigación judicial sobre su muerte seguía en curso al concluir el año”, dice el informe a la fecha de cierre, a principios de noviembre del año pasado, razón por la cual no consigna el asesinato de Rafael Nahuel, hacia fines del mismo mes en Villa Mascardi.
Para la Organización es grave la creciente criminalización de la protesta social de parte del gobierno de Mauricio Macri.
“Durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron detenciones indiscriminadas. Muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”, enumera el relevamiento.
Más tarde, en abril, se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos. Las personas que participaban en la manifestación denunciaron que las fuerzas policiales habían empleado gas lacrimógeno y las habían golpeado mientras las fuerzas armadas miraban sin intervenir. Al menos cuatro docentes fueron detenidos”.
La violencia desatada por las fuerzas de seguridad en Buenos Aires tras la movilización popular en reclamo por el esclarecimiento de la suerte corrida por Santiago Maldonado, como consecuencia de la represión de agosto en Cushamen, es uno de los múltiples ejemplos que cita Amnistía Internacional.
“En septiembre”, dice, “31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de policía de la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación masiva tras la desaparición de Santiago Maldonado. Las personas detenidas denunciaron que las habían golpeado, y a algunas mujeres las habían obligado a desnudarse”, se incluye bajo el subtítulo “Libertad de expresión y de reunión”.
El informe menciona también la represión desatada a las puertas del Congreso Nacional contra manifestantes convocados a “expresar su desacuerdo con una reforma legislativa propuesta por el gobierno. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”.
Amnistía Internacional señala además que durante el año pasado varios profesionales de la comunicación fueron «agredidos» en la Argentina mediante la difusión de noticias falsas o “trolls” con cuentas falsas en las redes sociales.
«Hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos” destaca.
«En los últimos años en Argentina”, evalúa el informe, “este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión».
La criminalización del aborto y el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, merecen párrafos aparte en el informe de la organización, del mismo modo que la violencia contra las mujeres. La Argentina tuvo un registro de 292 femicidios durante 2017; es decir, una mujer fue asesinada en el país cada 30 horas, promedio.
Para la ONG todo el continente sufre “una crisis de derechos humanos cada vez más grave”, que, según afirma, es “fomentada por la creciente intolerancia de los gobiernos con la disidencia y el aumento de la demonización en la retórica política”.
La región es, según Amnistía, “una de las más violentas y con mayor desigualdad del mundo”.
En este sentido, la organización internacional recuerda que “No se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que Argentina brindara a Milagro Sala la posibilidad de cumplir arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales”, concluye el capítulo que refiere a la Argentina.
