La Pampa va a la CIDH por el «robo» del río Atuel
El Gobierno de La Pampa llevará su demanda sobre el cauce del río Atuel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a la falta de cumplimiento por parte de la provincia de Mendoza al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La semana pasada, el gobernador Sergio Ziliotto dirigió a la Fiscalía de Estado, junto con los miembros de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel (CIAI) y los residentes del territorio afectado, a iniciar los procedimientos para presentar una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El motivo de la queja es el uso exclusivo y total del agua del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza. Esta determinación se formalizó después de una reunión encabezada por el gobernador y en la que participaron la Fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; la Asesora Letrada de Gobierno, Griselda Ostertag; y el secretario General de la Gobernación, José Vanini.
Asimismo, estuvieron presentes en la reunión representantes de organizaciones como la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos, la Fundación Chadileuvú, la Universidad Nacional de La Pampa y el diputado Espartaco Marín, quien es miembro de la Comisión de Ríos Interprovinciales de la Cámara de Diputados.
En el encuentro, se trazaron los primeros pasos de la estrategia que permitirá a La Pampa presentarse ante la instancia internacional. El antecedente principal que se utilizará es el fallo incontestable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exigía a Mendoza el establecimiento de un «caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza». Este caudal se implementaría con el propósito de detener el daño ambiental y evaluar el cumplimiento de los requisitos para la restauración del noroeste pampeano.
Desde el Ejecutivo, se destacó que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca garantizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y reconocidos en jurisprudencia, así como los protegidos por tratados internacionales. La premisa central es preservar el ambiente como un ente en sí mismo, entendiendo que esta medida es fundamental para proteger el derecho humano al agua y a una calidad de vida digna.
En este contexto, se subrayó que hasta ahora, la provincia de Mendoza no ha cumplido con el fallo emitido por la Corte Suprema respecto al caudal hídrico necesario. Además, Mendoza no ha acatado el pedido de fortalecer el comité de cuenca y avanzar en la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en sustitución de la actual CIAI. Estos pasos serían parte de una respuesta a las solicitudes de La Pampa para otorgar al organismo de cuenca mayores competencias y fortalecer su estructura.
La actitud de las autoridades mendocinas, que limita el diálogo y la colaboración, ha sido cuestionada, y se señala que a pesar de tres años desde el fallo de la Corte, y después de agotar las etapas de consenso recomendadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha emitido un nuevo dictamen que resuelva definitivamente el conflicto entre las partes.
Como consecuencia de este vacío judicial, el gobernador Ziliotto ha instado a una nueva presentación legal, solicitando con urgencia que la provincia de Mendoza libere de inmediato un caudal interino mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial. Sin embargo, en paralelo a estas acciones jurisdiccionales, el Gobierno de La Pampa considera pertinente llevar el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, se ha establecido un plazo de 60 días para que la Fiscalía de Estado, en colaboración con la CIAI y los representantes de los pobladores afectados por el corte del río, elaboren un informe detallado sobre esta vía de reclamo internacional.
