La Justicia de Nueva York define hoy el futuro de YPF: se espera un fallo clave sobre la apelación argentina

La disputa legal en torno a la estatización de YPF suma este lunes un capítulo crucial. La jueza neoyorquina Loretta Preska convocó a las partes a una audiencia urgente en la sala 12A del tribunal federal, con el fin de resolver si acepta el recurso de apelación presentado por la Argentina. La medida busca frenar la ejecución del fallo que beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, quienes reclaman el traspaso de más de la mitad del paquete accionario de la petrolera estatal.

El Gobierno argentino presentó el pasado 9 de julio su apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, advirtiendo que la orden judicial representa un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y que vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Además, alertó sobre el riesgo que implicaría para el país que un fondo de inversión privado se haga con el control de una empresa clave para la política energética nacional.

El fallo inicial de Preska, emitido el 30 de junio, favoreció a los demandantes al considerar que el Estado argentino no cumplió con los procedimientos adecuados en la estatización del 51% de YPF en 2012. Según la magistrada, el Ejecutivo nacional –entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– actuó de forma irregular y dejó fuera del proceso a los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Petersen, que luego vendió sus derechos litigiosos a Burford.

El dictamen no responsabiliza directamente a YPF como empresa, ni a sus otros accionistas, sino que señala como responsables al Poder Ejecutivo y al Congreso argentino por el manejo político y legislativo de la nacionalización.

Además del conflicto por las acciones de YPF, los fondos demandantes apuntan ahora a otras empresas estatales argentinas, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. El objetivo es obtener información patrimonial que les permita iniciar procesos de embargo para asegurar el cumplimiento de la sentencia.

Esta avanzada generó alarma en el Gobierno nacional, que solicitó a Preska la suspensión (“stay”) de la ejecución del fallo mientras se revisa el caso en una instancia superior. Sin embargo, la jueza aún no respondió a ese pedido y podría hacerlo en la audiencia de este lunes.

El desenlace del caso podría tener repercusiones de gran alcance. En términos económicos, los 16.000 millones de dólares que Argentina debería pagar suponen una cifra mayor que toda la deuda reestructurada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el impacto no es solo financiero: la posible pérdida del control de YPF representa una amenaza directa a la soberanía energética del país y a los intereses de los accionistas privados que aún integran la compañía.

Desde el oficialismo sostienen que el ingreso de Burford Capital a la conducción de la petrolera implicaría una privatización de facto sin ningún tipo de debate ni regulación, además de abrir un precedente peligroso para otros litigios internacionales.

La definición de Preska marcará el rumbo inmediato del caso. Si la jueza rechaza la apelación o permite que se ejecute el fallo mientras se tramita, Argentina podría verse forzada a acelerar la búsqueda de alternativas diplomáticas, económicas o judiciales para evitar el traspaso de las acciones.

En caso de ser aceptada la apelación, se abriría un proceso más prolongado que llevaría la disputa al Segundo Circuito y, eventualmente, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La administración argentina ya anticipó que está dispuesta a llegar hasta esa instancia.

Mientras tanto, el futuro de YPF –y su papel como columna vertebral del desarrollo energético nacional– queda supeditado a una decisión judicial tomada a miles de kilómetros de Buenos Aires.