La dolarización eléctrica: el nuevo giro económico que amenaza con encarecer la energía en Argentina
Tras las elecciones, el Gobierno nacional se prepara para avanzar con una profunda reforma del mercado eléctrico argentino, cuyo eje central será la dolarización de los pagos a las generadoras. Aunque la medida promete “estabilidad” para los hogares, especialistas advierten que podría disparar los costos para comercios, pymes e industrias, trasladando el peso del ajuste al consumo productivo.
El plan oficial divide el sistema energético en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado, que incluye a los usuarios residenciales y no residenciales, y el mercado desestacionalizado, reservado para grandes empresas con alto consumo eléctrico.
En el primer grupo, comercios, clubes y cooperativas seguirán adquiriendo energía a través de Cammesa, con tarifas reguladas por el Estado. En cambio, en el segundo, las compañías de gran demanda podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres, en dólares y sin intermediación estatal.
El corazón de la reforma reside en abandonar el esquema de precios promediados, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor uniforme. Ahora, el precio lo definirá la última planta en entrar al despacho —habitualmente la más cara—, lo que podría elevar drásticamente el costo final de la energía.
Aunque el Gobierno mantenga ciertos valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará con mayor velocidad a las tarifas. En otras palabras, el sistema se vuelve más dependiente del tipo de cambio, un factor históricamente volátil en la economía argentina.
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto, Daniel González, coordinador del área de Energía, admitió que los grandes usuarios afrontarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno. Según un informe interno de la Secretaría de Energía, el sistema podría incrementar sus ingresos en 785 millones de dólares por año.
El documento, firmado por el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, reconoce que el nuevo esquema podría aportar estabilidad al sector residencial, pero a costa de una mayor exposición y volatilidad para los sectores productivos.
“La supuesta protección a los hogares es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo”, advirtió un exfuncionario del área energética.
Los datos lo respaldan: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las facturas promedio de gas natural subieron 799% para hogares y 992% para pymes, mientras que la energía eléctrica aumentó 524% y 570%, respectivamente. Además, dos millones de hogares perdieron los subsidios eléctricos y 705 mil el del gas.
El descalce entre una estructura dolarizada y una economía pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con las empresas del sector y el Tesoro no logra cubrirla sin emitir o endeudarse.
Especialistas advierten que dolarizar la generación eléctrica en un país con alto riesgo cambiario podría tener efectos jurídicos y económicos severos. Si las tarifas no acompañan el ritmo del dólar, las empresas internacionales podrían acudir a tribunales como el CIADI, alegando violaciones contractuales, como ya ocurrió tras la crisis de 2001.
En ese escenario, el Gobierno se enfrentaría a una nueva ola de reclamos internacionales mientras intenta evitar que los argentinos paguen tarifas dolarizadas imposibles de sostener.
La apuesta por dolarizar el mercado eléctrico parece reeditar viejas tensiones: estabilidad para unos pocos, incertidumbre para la mayoría. Lo cierto es que, en un país con una economía estructuralmente frágil y una moneda debilitada, atar la energía al dólar podría ser el primer paso hacia una nueva tormenta tarifaria.
