La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando el caso de Konstantin Rudnev en Argentina.
Reportaje Especial | 19 de diciembre de 2025
En un rincón tranquilo de la Patagonia, en la ciudad de Bariloche, se desarrolla un drama que trasciende la suerte personal de un individuo. Konstantin Rudnev, un disidente ruso de 58 años, lleva ocho meses en prisión preventiva sin juicio ni condena. Su salud se deteriora rápidamente, mientras el sistema de justicia argentino, según defensores de derechos humanos y un creciente número de ciudadanos, exhibe violaciones flagrantes de derechos básicos. La reciente prórroga de su detención hasta abril de 2026, a pesar de las recomendaciones médicas, ha intensificado la ola de críticas. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han recibido peticiones sobre el caso, y la opinión pública en redes sociales y en las calles exige justicia. La Fiscalía de Bariloche, bajo la dirección de Fernando Oscar Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora y el juez Gustavo Zapata, se encuentra en el epicentro del escándalo, acusada de ignorar aspectos humanitarios y dilatar el proceso.
Estado de salud crítico: «Lo están matando lentamente en la cárcel»
Desde su arresto en abril de 2025, Rudnev ha perdido más de 30 kg. Padece fibrosis pulmonar, ataques de asma y problemas neurológicos, agravados por las condiciones en la Unidad 6 de Rawson. El pabellón mal ventilado, donde los internos fuman, convierte las noches en una tortura. Informes médicos de octubre de 2025, elaborados por los doctores Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, son contundentes: Rudnev necesita hospitalización urgente en una clínica especializada, como el Sanatorio Otamendi o el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. «Sin tratamiento adecuado, su vida corre peligro», enfatizan los expertos.
Tamara, la esposa de Rudnev, declaró en un emotivo video difundido en redes sociales: «Esto no es justicia, es una ejecución lenta. Solo pedimos una oportunidad de vida para Konstantin». Su abogado, Carlos Breitman, añadió en entrevistas con medios locales: «El proceso está plagado de irregularidades, desde la falta de traductor para el acusado de habla rusa hasta el desprecio a las recomendaciones médicas. No es un error, es un sistema».
El juez Gustavo Zapata prorrogó recientemente, en noviembre, la detención, argumentando una «falta de urgencia» para la hospitalización y un supuesto «rechazo» al tratamiento por parte de Rudnev en la cárcel. La defensa lo desmiente: no hubo tal rechazo, sino un malentendido por la barrera idiomática. «La fiscalía usa esto como excusa para dilatar el caso», afirma Breitman.
Los cargos: ¿Motivación política o delitos reales?
Rudnev fue arrestado el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche al intentar volar a Brasil con un grupo de mujeres. La fiscalía lo acusa de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica, basándose en declaraciones anónimas. Sin embargo, la defensa insiste: las pruebas son débiles y el caso es político, ya que Rudnev cumplió una condena de 11 años en Rusia por cargos similares que él considera fabricados. «No hay víctimas reales, no hay evidencia, solo suposiciones», subrayan los abogados.
La crítica hacia la Fiscalía de Bariloche crece. Fernando Oscar Arrigo, vinculado anteriormente a investigaciones prolongadas como la tragedia del ferrocarril Sarmiento en 2012, donde las familias de las víctimas se quejaron de ineficacia, ahora es acusado de fallas similares. «Ignorar informes y procedimientos médicos es un problema sistémico», señalan expertos. Los fiscales Labal y Revora también enfrentan presión pública, que exige explicaciones sobre por qué los aspectos humanitarios son relegados.
Resonancia internacional: ONU y CIDH en alerta
La defensa de Rudnev no se limitó a instancias argentinas. Se presentaron peticiones ante los mecanismos de monitoreo de la ONU y la CIDH. Estas organizaciones, conocidas por su postura firme sobre detenciones preventivas y condiciones carcelarias, ya han manifestado preocupación. «El caso Rudnev es una prueba para Argentina sobre su cumplimiento de estándares internacionales», comentan defensores de derechos. De confirmarse las violaciones, podría derivar en recomendaciones oficiales o incluso sanciones.
La indignación popular: Hashtags, peticiones y protestas
El caso Rudnev ha trascendido los tribunales y se ha convertido en un símbolo de lucha por los derechos humanos. Tras publicaciones en medios, incluido nuestro reciente artículo del 5 de diciembre, se desató una campaña en redes sociales. El hashtag #LibertadRudnev gana fuerza: usuarios comparten historias exigiendo la hospitalización inmediata. «¡Esto no es política, es humanidad! ¡Liberen a Rudnev!», es un comentario típico en Facebook y X (ex Twitter). Una petición para su traslado a un hospital ya supera las 1400 firmas y la cifra aumenta.
La ciudadanía interpela directamente a la fiscalía: «¡Fernando Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora y el juez Gustavo Zapata, explíquense ante el pueblo!». Los argentinos, acostumbrados a luchar por justicia, ven en este caso un eco de problemas sistémicos: el 40% de los detenidos en el país espera juicio durante meses, y los extranjeros sin dominio del español son especialmente vulnerables.
¿Qué sigue?: Exigencias de justicia
El destino de Konstantin Rudnev no es solo una tragedia personal, sino un desafío para todo el sistema judicial argentino. La defensa exige:
- Traslado inmediato a un hospital bajo arresto domiciliario con control médico.
- Archivo del caso por falta de fundamentos.
- Investigación independiente sobre las acciones de la fiscalía por posibles abusos.
- Responsabilizar a los fiscales: al fiscal general de Bariloche, Fernando Arrigo, y a sus asistentes, Tomás Labal, Gustavo Javier Revora y Rodrigo Nicolás Treviranus, por exceso de autoridad y falsificación de pruebas. Y al juez Gustavo Zapata, por parcialidad en las decisiones judiciales, violación del derecho a la salud (en relación con Konstantin Rudnev), obstrucción de la investigación y sistemática ignorancia de la defensa en favor de la acusación, lo que constituye una grave violación del principio de imparcialidad.
Mientras la Fiscalía de Bariloche guarda silencio, el pueblo, la ONU y la CIDH hablan cada vez
