El Gobierno reglamentó el nuevo seguro de cese laboral: cómo funcionará la alternativa a la indemnización por despido

El Ejecutivo avanzó con su plan de reformas laborales al reglamentar el nuevo seguro de cese laboral, un sistema que apunta a reemplazar —de manera voluntaria— el tradicional esquema de indemnización por despido establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. La normativa, oficializada mediante la Resolución 347 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establece que el fondo individual a favor del trabajador será financiado por el empleador y podrá utilizarse únicamente si la relación laboral finaliza.

Este mecanismo, incluido en la Ley Bases aprobada este año, introduce un modelo de capitalización inspirado en esquemas aplicados en otros países. De acuerdo con la reglamentación, será una opción válida únicamente cuando esté contemplada en convenios colectivos y no podrá ser impuesta de forma unilateral por las empresas.

Según la normativa, los empleadores podrán adherirse a este sistema a través de acuerdos alcanzados con los sindicatos del sector. Una vez implementado en un convenio colectivo, las empresas que decidan aplicarlo deberán contratar una póliza con una aseguradora habilitada, que será la encargada de administrar los fondos individuales de los trabajadores.

Los aportes mensuales estarán destinados a un fondo inembargable a nombre del empleado. En caso de desvinculación, el trabajador podrá acceder al total acumulado, que seguirá generando intereses mientras permanezca activo. Además, se prevé la posibilidad de incorporar coberturas adicionales como seguros de vida o retiro, así como realizar aportes voluntarios sin alterar el destino del fondo.

Desde el Gobierno, aseguran que el nuevo sistema apunta a reducir la litigiosidad laboral, fomentar el ahorro privado y brindar mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores. “Es una herramienta moderna que busca adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado laboral”, señalaron desde la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las aseguradoras de vida y retiro —que serán las encargadas de operar este sistema— estarán bajo la supervisión de la Superintendencia, mientras que la Comisión Nacional de Valores controlará los productos financieros asociados, como fideicomisos y fondos comunes.

Del lado empresarial, la medida fue bien recibida. Representantes del sector privado celebraron la posibilidad de contar con un instrumento que permite planificar mejor los costos laborales y evitar conflictos judiciales ante despidos. «Es un cambio positivo, que da certidumbre y permite prever con antelación el costo de una eventual desvinculación», opinó un empresario del sector industrial.

En cambio, desde el ámbito sindical la respuesta fue más cautelosa. Algunas centrales obreras plantearon su preocupación por lo que consideran un retroceso en los derechos laborales conquistados. “Se abre la puerta a que los trabajadores reciban menos dinero en caso de despido, y además se corre el riesgo de que este sistema termine siendo la norma, pese a que se lo presente como voluntario”, advirtieron desde la CTA Autónoma.

También se cuestiona si los convenios colectivos que incluyan esta modalidad terminarán dejando sin opciones reales a los trabajadores, en un contexto de creciente flexibilización del mercado laboral.

El nuevo seguro de cese laboral entró formalmente en vigencia el pasado 10 de julio, pero su implementación será progresiva. Se espera que las primeras pruebas piloto se lleven adelante en sectores de servicios y la industria, donde ya se están evaluando propuestas conjuntas entre cámaras empresariales y sindicatos.

La Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (AVIRA), que colaboró en el diseño del sistema junto con la Superintendencia, manifestó su apoyo a la iniciativa y destacó que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del mercado asegurador y fomentar el ahorro interno.

Con esta reforma, el Gobierno apuesta a transformar gradualmente la lógica de las relaciones laborales en la Argentina. Si bien su implementación dependerá de la voluntad de las partes involucradas, no deja de ser un paso significativo hacia un modelo más previsible y descentralizado.

Quedará por ver si el sistema logra el equilibrio prometido entre flexibilidad para el empleador y protección para el trabajador. En un país con una historia intensa en materia de derechos laborales, la discusión recién comienza.