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Echaron a 13 policías en Mendoza por hacer secuestros y cometer estafas millonarias

A 6 comisarios los acusaron de haber falseado las planillas de asistencia de los agentes para quedarse con la plata. Creen que recaudaban $ 10 millones al mes. Hay otros casos de corrupción que salpican a la Fuerza.

Un comisario ascendido pese a estar denunciado por violencia de género. Seis jefes policiales separados de sus funciones, sospechados de millonarios hechos de corrupción. Otros agentes sancionados por facilitar el desguace de vehículos que pertenecían a una banda narco y que estaban a cargo del Estado. Cuatro efectivos detenidos, acusados de formar parte de una banda de secuestradores. Estos fueron los principales escándalos que sacudieron en las últimas semanas a Mendoza, donde la Policía quedó en el ojo de la tormenta y en medio de una interna política, mientras los pedidos por más seguridad se mantienen en el tope del ranking de reclamos ciudadanos.

La designación de Marcelo Esquivel como jefe temporario de la Distrital de Capital generó sorpresa y malestar en la Fuerza. Se trata de un experimentado policía que fue denunciado hace dos años por violencia de género. Por ese motivo no podía vestir el uniforme oficial ni utilizar su arma reglamentaria.

El nombramiento provocó pedidos de informes en la Legislatura, escraches frente a la comisaría y también una interna en el gobierno de Alfredo Cornejo. Roberto Munives, jefe la Policía de Mendoza, defendió la designación al puntualizar que cumplió con lo que establecen las normas: “Por antigüedad le corresponde el cargo”.

Además, el Gobierno decidió pasar a situación pasiva (los sacó de servicio y redujo sus salarios a la mitad) a ocho policías: cinco son comisarios generales (Gustavo Walter Garis, Edgardo Mestre Medina, Darío Urrutia, Víctor Loyola y Humberto Daniel Neila), uno es comisario inspector (Rómulo Gabriel Díaz Vargas), dos son subcomisarios (José Antonio Salinas y Roberto Carlos Villarroel) y uno es oficial ayudante (Emanuel Fernández Garófoli).

Tras una investigación interna, la Inspección General de Seguridad (IGS) determinó que los comisarios habían incurrido en hechos de corrupción con los servicios extraordinarios. Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, los jefes policiales falsificaban la información de los libros de novedades ya que hacían firmar a los efectivos que estaban a su cargo las planillas de asistencia en las comisarías cuando en realidad estaban prestando servicios extraordinarios que no eran asentados. Ese dinero era cobrado directamente por los jefes policiales, muchos de ellos vinculados a la anterior gestión justicialista. La estafa habría alcanzado unos 10 millones de pesos por mes.

El 11 de mayo, la Justicia Federal condenó a 15 años de prisión a Sandra Jacquelina Vargas. “La Yaqui” había sido detenida en 2014 y sus bienes incautados. Además de algunos inmuebles, la banda tenía en su poder 19 vehículos que debían ser destinados a la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico.

Pero cuando desde el Ministerio de Seguridad solicitaron la autorización judicial para comenzar a usarlos, llegó la sorpresa: sólo 14 vehículos ingresaron a la playa de secuestros “San Agustín” en 2014 y la mayoría de ellos fueron desguazados (no tienen sus ruedas, partes de tableros, computadoras y otras autopartes).

La principal hipótesis es que los propios policías que debían custodiar la playa desmantelaron los vehículos para revender sus partes. Por eso fueron relevados de sus puestos y reemplazados.

El 29 de junio pasado fue arrestado al auxiliar Fabio García, sospechado de formar parte de una banda de secuestradores. Se trata del cuarto policía detenido en esta causa, que tiene a otros seis miembros de la organización criminal tras las rejas.

Todos trabajaban en la comisaría 49° de Maipú (Gran Mendoza). Los otros agentes capturados son Aníbal Luna (sería uno de los líderes de la organización), Néstor Miranda y Marcelo Amaya. La banda de secuestradores mantuvo cautivas a la hija de un empresario cervecero en Mendoza (por la que cobró un rescate de 600 mil pesos) y a otras dos mujeres en Monte Grande (Gran Buenos Aires), en octubre de 2014 y junio de 2015. La banda no solamente cometía secuestros extorsivos, sino que también atacaba cajeros automáticos.

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