Crecen las tensiones en La Adela por un juicio laboral oculto: exigen explicaciones al intendente Moro

Los ediles Herminda Birge y Carlos Pereyra se enteraron del conflicto no por los canales formales, sino por notas periodísticas. Y ese detalle, que puede parecer menor, es justamente lo que encendió la chispa. La Constitución Provincial exige que todo proceso que comprometa fondos públicos sea informado al Concejo Deliberante, órgano responsable de controlar la gestión del Ejecutivo.
Lo que reina ahora es una mezcla de sorpresa y malestar: si un tema de este calibre se filtró sin pasar por el Concejo, ¿qué otras situaciones podrían estar corriendo la misma suerte?

El expediente 185.182 detalla la historia de un trabajador que dejó de prestar servicios para el municipio de manera abrupta. Según la demanda, esa desvinculación —decidida durante la gestión de Moro— no solo fue inconsulta, sino que tampoco reconoció una supuesta relación laboral de dependencia que, en opinión del empleado, llevaba tiempo consolidada.

El reclamo, iniciado en septiembre de 2025, exige la regularización del vínculo, el pago de diferencias salariales, actualizaciones e intereses. La posible condena podría traducirse en una cifra cercana a los millones, un monto imposible de ignorar para un municipio chico, donde cada movimiento presupuestario es sensible.

Lo curioso es que, pese a la magnitud del litigio, el intendente no habría informado nada al órgano legislativo local.

Las siete preguntas que el intendente no puede esquivar

El pedido de informes presentado por Birge y Pereyra fija un plazo de siete días hábiles y plantea interrogantes que, a esta altura, resuenan en todo el pueblo:

• ¿Por qué se decidió cortar la relación con el trabajador sin medir riesgos judiciales?
• ¿Por qué el Concejo no fue informado del juicio desde el primer día?
• ¿Cuándo tomó el Ejecutivo conocimiento formal de la demanda?
• ¿Hubo algún análisis de impacto antes de proceder al despido?
• ¿Quién lleva adelante la estrategia de defensa y cuál es el plan judicial?
• ¿Cuál sería el costo probable para los contribuyentes si el municipio pierde el caso?
• ¿Existen otros trabajadores en situaciones similares que puedan derivar en nuevos juicios?

Los concejales fueron categóricos: “Lo más grave es que la información no llegó por los canales institucionales, lo que configura una falta al deber constitucional del Intendente”.

El oficialismo declaró hace semanas una emergencia administrativa, una herramienta que suele usarse para situaciones excepcionales. Pero para el bloque justicialista, el nuevo escenario deja expuestas inconsistencias: ¿cómo es posible que el Ejecutivo haya pedido facultades extraordinarias sin mencionar este conflicto?

“Si no fuera por los rumores o por los medios, el Concejo no se enteraría de los problemas reales del municipio”, expresaron Birge y Pereyra. La crítica no se limita a este caso: mencionan tensiones con empleados, comerciantes, emprendedores e instituciones locales.

Más controles y transparencia: el pedido se amplía

Además de respuestas urgentes, los concejales reclamaron información más amplia:

• El listado completo de juicios y reclamos administrativos en curso.
• El registro de trabajadores sin relación laboral formalizada.
• El monto total de contingencias judiciales.
• Las previsiones presupuestarias para afrontar posibles condenas.

Según el bloque, “el pueblo de La Adela tiene derecho a saber qué pasivos arrastra el municipio y cómo se está gestionando el dinero público”.

La situación también será elevada al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, organismos encargados de detectar irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Si el Ejecutivo no responde dentro de los plazos, el Concejo podría aplicar medidas institucionales previstas en la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. No se trata solo de un trámite: podría abrir un proceso político mayor.

Las próximas semanas serán clave, especialmente con la llegada del Superior Tribunal a La Adela.