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La calificación legal que sostuvo en sus alegatos es para todos los imputados la de ser co-autores de «desaparición forzada de persona seguida de muerte», ya que todos participaron de algún tramo del hecho.

«Para esta fiscalía está debidamente acreditado el hecho y la participación que cada uno de los implicados tuvieron en el mismo. No hay discusión de que Daniel Solano estaba en el boliche Macuba, la discusión está en el modo y qué pasó con él después. Tenemos acreditado que el joven fue retirado violentamente del lugar por los policías, que al momento de subirse a la camioneta estaba golpeado, con sangre, con las zapatillas en la mano para defenderse, que lloraba y no quería subirse al móvil».

La fiscal señaló el miedo constante evidenciado en los testigos para prestar su declaración antes y durante el proceso. «Lo digo para que el Tribunal lo tenga en cuenta, ya que no se pueden evaluar los testimonios de manera individual sino que hay que tener presente toda la prueba en su conjunto».

Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló los testigos que se presentaron en el juicio, como la declaración por video conferencia de una mujer que «se tuvo que ir por todos los problemas que le trajo esta causa». Así mismo referenció los rastrillajes realizados con los canes, que marcaron el mismo lugar donde fue visto por última vez Solano por los testigos. «No es solamente la declaración sino también el rastro que encontró el perro en la esquina de 9 de Julio y Villegas, a pasos del boliche. También se halló un rastro cercano a la zona de la bomba de agua, en la isla marcada por la testigo que siguió a la camioneta EcoSport utilizada como el móvil 2304», describió la fiscal.

A lo anterior se suma la búsqueda en la que se encontró una billetera. «En el rastrillaje del que participaron los trabajadores norteños y que uno de ellos reconoció que se parecía a la que utilizaba Daniel Solano. Aquí encontramos otra irregulidad en la causa, esa billetera no apareció nunca más, quienes participaron indicaron que la policía la había puesto en una bolsita. A esa boslita se la trago la tierra, qué justo que esa billetera era muy parecida a la que usaba Solano».

Además de esa irregularidad, Giuffrida mencionó el parte diario de la Comisaría, de donde salió la EcoSport rumbo a Macuba porque había disturbios.»Primero, no existe registro de la salida, tampoco del regreso, sí de la cantidad de kilómetros que hizo ese vehículo, 55 kilómetros sin constancia de que hayan tenido que hacer, por ejemplo un procedimiento fuera de la zona de Choele. Por eso coincido con la querella de que hubo encubrimiento. ¿Por qué no quedó ningún registro?, ¿Sólo porque la oficial de guardia se había quedado dormida? Pero si regresaron tan rápido y se lo dijeron, ¿porque tampoco lo anotaron?. Dieron la versión de que fueron al boliche y que no había pasado nada. Y, entonces, ¿cómo hicieron los 55 km?».

En relación a Héctor César Martínez, Giuffrida señaló que «era jefe de investigaciones de la unidad IV de la Policía y desplegó una sería de hipótesis para que la familia y la investigación se alejara del Valle Medio. Dijeron que Solano se había ido por su propia voluntad, también se intentó indicar que el joven había tenido problemas con varios hombres del Norte. Se dijo que Solano había estado el 5 de noviembre en el bar El Tano, que había comprado un pasaje, trataban de imponer que esa persona era Solano. Y la chica de la venta del pasaje dijo que no estaba segura que fuera él y su padre dijo que en el vídeo que le mostraron ese no era su hijo y que el DNI no lo tenía el chico. También dijeron que estaba en Neuquén. Toda una serie de maniobras para tratar de hacernos creer que a Solano le había pasado algo con algún otro autor que sería algún compañero y que él se había ido por su cuenta».

La fiscal resaltó además «el denodado esfuerzo que ha hecho Gualberto Solano, el padre del joven y fallecido, desde fines del año 2011 para dar con su hijo. Hoy a mediados de 2018 Solano no ha aparecido. ¿Tenemos alguna duda de que Daniel Solano desapareció desde que fue subido al móvil policial? No, no la tenemos».

Respecto del delito de desaparición forzada

Promediando sus alegatos, Giuffrida realizó las siguientes consideraciones respecto de la calificación legal de «desaparición forzada de persona (Art. 142 ter, segundo párrafo del Código Penal) y no como dice la querella de homicidio, esto no afecta el principio de congruencia, como tampoco el derecho de defensa de los imputados, ya que tenemos la misma base fáctica, con dos calificaciones distintas».

«El delito de desaparición forzada es de competencia federal pero entiendo que los jueces de este Tribunal están habilitados para emitir sentencia en caso de coincidir con la propuesta por la fiscalía. Cuando esta causa fue a la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación dijo que sin perjuicio de la calificación legal que se le otorga a los hechos por parte del Tribunal, al haber tramitado la causa en sede provincial, la radicación ante sus estrados es lo que corresponde por economía procesal, por mejor defensa de los imputados y para favorecer el acceso a la justicia», explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Según Giuffrida el delito se configuró «primero como la privación ilegal de la víctima. Tal declararon los testigos, se lo subió al móvil y no fue conducido a un hospital o la Comisaría. Seguido a ello no se lo volvió a ver, es decir se desconoce su paradero, y se omitió brindar información acerca de lo que había ocurrido. El delito de «desaparición forzada» se agrava cuando resulta la muerte de la víctima. Aquí se dan todos los requisitos: desaparición forzada de personas seguida de muerte. Tras 7 años aún no se sabe dónde está. Y a esto se le suma lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de ocultar el cadáver con la finalidad de no dejar huellas por la comisión de un crimen, se oculta el cuerpo para borrar toda huella».

Imputación, solicitud de pena y prisión preventiva

Además de la coautoría de los siete imputados por «desaparición forzada de persona seguida de muerte», la fiscal jefe solicitó la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, y deberán responder por otros delitos:

Los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera se les suma el delito de «vejaciones».

Los policías Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello deberán responder además como coautores de «incumplimiento de deberes de funcionarios públicos».

El oficial Héctor César Martínez la imputación que se le agrega es la de «abuso de autoridad en grado de autor, en concurso ideal con falsedad ideológica en grado de autor».

«Teniendo en cuenta las calificaciones legales que tienen prevista una pena de prisión perpetua, solicito que para el caso que los jueces entiendan que corresponda alguna de estas calificaciones legales se ordene la prisión preventiva de todos los imputados. En el caso de dictarse sentencia condenatoria el Código Procesal de Río Negro permite que se disponga su detención, ya que estaría más que nunca latente el peligro de fuga teniendo en cuenta la pena».