Avanza la causa de corrupción en Discapacidad
El caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un capítulo decisivo. El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en oficinas clave, prohibió la salida del país a exfuncionarios y directivos de laboratorios, y dejó en evidencia la magnitud de una trama que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión actual.
La medida alcanzó al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los responsables del laboratorio Suizo Argentina. También quedaron bajo la lupa los hermanos Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de una droguería señalada en la investigación, junto con Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. A Garbellini no solo le allanaron su oficina en avenida Rivadavia al 800 —donde funciona el programa Incluir Salud—, sino también su vivienda en Avellaneda, donde los agentes secuestraron teléfonos y documentos sensibles.
Según confirmaron fuentes judiciales, en ese operativo se incautaron computadoras, celulares y papeles vinculados a contrataciones con distintos laboratorios. Todo ese material ya quedó bajo análisis de los peritos.
En la casa de Spagnuolo, en Pilar, los investigadores encontraron dinero en efectivo, dos celulares y hasta una máquina de contar billetes, un detalle que alimenta las sospechas de maniobras financieras fuera de control.
Los allanamientos también alcanzaron a los directivos de Suizo Argentina. En sus autos se hallaron órdenes de pago por sumas millonarias y, en el caso de Emmanuel Kovalivker, nada menos que 266.000 dólares escondidos en el vehículo.
Cómo empezó la causa
El expediente se abrió tras la filtración de audios comprometedores donde se hablaba de supuestos pagos de retornos y sobornos vinculados a la compra de medicamentos. Esos audios, además, mencionan de manera indirecta a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, lo que disparó una polémica aún mayor.
La Justicia busca ahora reconstruir el camino del dinero: cómo se movían los fondos, quiénes participaban en la operatoria y, sobre todo, si existió un esquema sistemático para sostener contratos millonarios con el Estado.
Impacto político y social
El caso golpea de lleno en un terreno especialmente sensible: la atención de personas con discapacidad. Los programas de salud que dependen de ANDIS son vitales para miles de familias en todo el país, lo que explica la indignación que ya empieza a sentirse entre organizaciones y beneficiarios.
Políticamente, el escándalo abre un frente incómodo para el Gobierno, que prometió transparencia y austeridad como bandera. “Esto podría transformarse en un test de credibilidad para la gestión nacional”, advierten analistas judiciales y políticos.
Lo que viene
Aunque la causa recién comienza, todo indica que se avecinan semanas intensas. La Justicia avanzará sobre el peritaje de los teléfonos y documentos secuestrados, al mismo tiempo que se esperan nuevas declaraciones indagatorias.
Lo cierto es que el expediente no solo busca probar la existencia de coimas: también pone bajo la lupa la manera en que el Estado contrata y controla a laboratorios y droguerías. Un terreno donde, según admiten especialistas en políticas públicas, históricamente se mezclaron negocios privados y fondos públicos.
La pregunta que sobrevuela en despachos oficiales y en la calle es inevitable: ¿hasta dónde llegará este escándalo y cuántos nombres más terminarán salpicados?
