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Rechazaron la denuncia de UPCN por el ingreso de ATE a la Función Pública

El procurador general dictaminó que debe rechazarse el planteo para declarar inconstitucional la Ley 5277. El Superior Tribunal de Justicia tendrá la palabra final.

El gremio UPCN empezó con el pie izquierdo su camino dentro de la Justicia, buscando que se declare la inconstitucionalidad de la ley que habilitó el ingreso de ATE al Consejo de la Función Pública.

El procurador general, Jorge Crespo, dictaminó en contra de esa pretensión, considerando que el sindicato conducido por Juan Carlos Scalesi “no ha cumplido con la carga argumentativa necesaria tendiente a demostrar en forma concluyente el apartamiento constitucional” de la Ley 5.277.

Esa norma fue aprobada a principios de mayo por la Legislatura provincial y desde entonces modificó el escenario de las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores estatales.

Históricamente la mesa de la Función Pública fue reservada sólo para una agrupación, pero con los cambios que impulsó el oficialismo se sumó un nuevo actor, en pie de igualdad que el gremio ya reconocido.

De esta manera, todos los debates salariales que se dieron luego de la sanción de esa ley terminaron con aprobaciones por mayoría, con los votos de los representantes del gobierno y de ATE.

En su planteo ante el STJ, UPCN sostiene que la norma cuestionada transgrede disposiciones de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y los artículos 31 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Además se alegó la incompetencia de la Legislatura Provincial para el dictado de una ley de esas características, “toda vez que le esta vedado al empleador (Administración Pública Provincial) inmiscuirse en una situación de conflicto de encuadramiento sindical, atribuyendo esa facultad al Congreso Nacional”.

Sin embargo, el procurador Crespo entendió que el gremio conducido por Scalesi “no ha cumplido con la carga argumentativa necesaria tendiente a demostrar en forma concluyente el apartamiento constitucional en el que basa su pretensión”.

“Desde mi óptica, la accionante impugna la Ley 5277 de modo general y abstracto, pues no consigue demostrar cómo las modificaciones parciales a la ley L Nº 3052; la ley L Nº 3487 y la ley K Nº 4294, sumado a la instrucción al Poder Ejecutivo Provincial para que dicte las normas necesarias para las reformas que allí se implementan, logran afectar de manera concreta las cláusulas constitucionales a las que alude en su presentación”, expresa el dictamen previo al fallo del STJ.

Luego agrega que “en mi opinión, las modificaciones introducidas por la ley 5277 vienen a garantizar la libertad y pluralismo sindical en los organismos de la Administración Pública que allí se regulan, lo cual implica indefectiblemente, que ya no existirá un único y exclusivo representante del sector, sino que ahora, por imperio de la ley, serán dos los sindicatos que podrán designar a sus representantes para que participen activamente”.

Ingresando al análisis particular, el procurador sostuvo que “no demuestra la actora que esta modificación en el régimen jurídico -que conlleva para UPCN el ver menguada su participación en distintos organismos de la función pública, sufriendo incluso la reducción del monto establecido en el art. 104 del Anexo I de la ley N° 3487- se observe irrazonable, sino que deviene de una potestad del legislador brindada por la Constitución Provincial”.

Finalmente, recordó que “para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así lo impongan, una demostración concluyente de su discordancia sustancial con los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados”.

“No se puede entrar a apreciar la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte que no ha podido probar que la aplicación de ésta le ocasiona un perjuicio; y una ley siempre debe ser interpretada de tal manera de evitar en lo posible, su declaración de inconstitucionalidad”, concluyó.

“Las modificaciones introducidas por la ley 5277 vienen a garantizar la libertad y pluralismo sindical en los organismos de la Administración Pública”.
Jorge Crespo, procurador.

Empieza el plan de lucha provincial

Los afiliados a UPCN empezarán con medidas de protesta por el esquema salarial que propuso el gobierno para diciembre y el primer semestre del 2019.

El primer paso serán asambleas en los organismos, en tanto que mañana se realizará un paro de 24 horas en la Administración Pública.

“Este es un gobierno sin sensibilidad social, que intenta desprestigiar y transformar el Empleo Público en mano de obra barata”, sostuvo la conducción del gremio luego de resolver el plan de lucha.

En ese sentido, destacaron que “el gremio ‘siempre actúa de manera responsable, destacando la paz social como un valor’, pero el actual gobierno, en una clara muestra de insensibilidad a los problemas económicos graves por los que atraviesan las familias de estatales tira de la cuerda hasta tensarla, desconsiderando a los propios agentes que trabajan cotidianamente con responsabilidad y reciben a cambio muestras de falta de respeto de una patronal autoritaria e insensible”.

También prometieron nuevas medidas, para el caso de que no se abra un diálogo responsable con los empleados.

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