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Policía de Río Negro descartó la amenaza armada de mapuches

Poco tiempo duró en el expediente judicial que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, la única mención sobre la presencia de armas en manos de los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

En la desgrabación de la conversación del teléfono 911 de la Policía de Río Negro realizada el sábado 25 de noviembre -día de la represión de Prefectura-, aparecía por terceros en boca de un oficial de esa fuerza asignado al Destacamento de Villa Mascardi, una supuesta amenaza por parte de mapuches armados.

Según pudo reconstruir Página/12 por fuentes con acceso al expediente, en dicha desgrabación se adjudica al efectivo -paradójicamente de apellido mapuche- haberle dicho a una mujer policía que un grupo de mapuches lo había amenazado con armas y “lo iba a matar”.

Pero el efectivo policial declaró como testigo este lunes en la causa que lleva adelante el Juez Gustavo Villanueva y negó haber dicho lo que se le adjudica. Ante el secretario del Juez, la fiscal, los abogados de la defensa y la querella, el oficial descartó haber sido víctima de amenazas de mapuches armados, y se mostró sorprendido por la mención en el expediente.

La reconstrucción de lo sucedido es la siguiente: Ese sábado 25 de noviembre, el policía estaba apostado en el destacamento de Villa Mascardi, a unos ocho kilómetros de la comunidad. A través de la línea 107 para emergencias, una persona que se identificó como integrante de Prefectura solicitó la presencia de ambulancias en el lugar, debido a la existencia de heridos. Antes de enviarlas, la Policía consultó al efectivo mencionado y le pidió que se acerque al lugar para verificar esa información, debido a la gran cantidad de alertas falsas que recibe ese número.

Desde la tranquera de la comunidad, el oficial avisó a su compañera en el Destacamento de Villa Mascardi que efectivamente había heridos y le reclamó que solicite una ambulancia. Exactamente las 17,44 horas del sábado, se produjo la llamada al 911 en la que la mujer policía dio cuenta de la supuesta amenaza mapuche con armas a su compañero.

“Yo no dije eso”, explicó este lunes el policía, tras la lectura de la desgrabación de la llamada al 911. Se cae así el único elemento que figura en el expediente vinculado con armas en manos de los integrantes de la comunidad.

Otro testigo

También declaró en la Justicia Federal el operador turístico Pablo Curlo, quien ratificó que observó a por lo menos un efectivo de la Prefectura efectuar disparos “desde la ruta hacia la montaña”. Tal como publicó Página/12, Curlo pasaba por la ruta Juan Herman -40 sur- regresando de una excursión turística y fue detenido a unos 50 o 60 metros del lugar por donde ingresaron al territorio los integrantes del grupo Albatros de Prefectura.

n su declaración confirmó que observó por lo menos a un uniformado disparar, y aportó los nombres de otros dos testigos que también ocasionalmente se encontraban en el lugar.

Curlo evitó en el Juzgado dar algunos detalles que brindó a los medios de prensa, y de los cuales se guardan registros en grabaciones.

Semana clave

 

Los próximos días serán claves para determinar las responsabilidades por el asesinato de Rafael Nahuel. Mientras la causa sigue bajo carátula “NN sobre muerte dudosa”, esta semana comenzarán las pericias sobre las armas, las vainas encontradas durante la inspección ocular, y se realizarán los barridos electrónicos sobre las cintas de carbono para determinar la presencia de pólvora en las manos y ropas de los prefectos.

Tal como indicó este medio, son ocho los integrantes del grupo Albatros sobre los que el Juez Villanueva puso la mira. Aunque hasta el momento no están formalmente imputados -en ningún lugar del expediente dice que están bajo proceso-, al momento que se les leyó el acta de secuestro de sus armas y ropas -el 26 de noviembre, en horas de la madrugada-, se les informó que estaban bajo proceso.

El resultado de las pericias mencionadas podría derivar en la citación a indagatoria de los prefectos y la posterior sobre la situación procesal de los uniformados.

Para definir esa situación, Villanueva podrá tener en cuenta el aporte de los peritos que participaron de la inspección ocular, quienes dieron cuenta de la dificultad para “limpiar el terreno”, debido a su extensión y cantidad de follaje. De hecho, la mayoría de las 31 vainas servidas fueron encontradas gracias a la utilización de detectores de metales.

Página/12 pudo saber que la Prefectura Naval inició un sumario e investigación interna, que podría contar ya con la declaración testimonial de los 21 Albatros que participaron del operativo. Pero hasta el momento, en la causa judicial que se tramita en la Justicia Federal de Bariloche no hay ningún aporte de pruebas o testimonios de la Prefectura ni del Gobierno nacional.

En tanto, la causa por usurpación iniciada por Parques Nacionales tiene imputadas a seis mujeres, algunas de los cuales fueron detenidas durante el desalojo del pasado 23 de noviembre, dos días antes de la represión que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel.

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