López fue denunciado por lavado de dinero
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó una denuncia ante la Justicia Federal contra el titular del gremio de la fruta, Rubén López, y el responsable de la obra social Juan Domingo Lescano. También lo hizo contra la exesposa de López, Silvia Weisser, Denis Lescano y la firma frutícola JLK, atribuida a los Lescano.
La presentación fue realizada ante el fiscal General ante la Cámara Federal de Roca, Mario Sabas Herrera.
Se basa en la investigación “Los barones de la fruta”, de la cual toma todas las revelaciones hechas sobre numerosas propiedades, testaferros y beneficios para la familia de los señalados.
Como se recordará, “Los barones…” dio a conocer la trama de enriquecimiento de los dirigentes, deudas millonarias del gremio con la AFIP y con el sindicato de la Sanidad, así como extorsiones a empresarios frutícolas para negocios particulares.
Tras evaluar la investigación, la Procelac menciona que consultó al periodista Ítalo Pisani –quién aportó más documentación–, investigó en diversas bases informáticas de datos y tomó contacto con la denuncia realizada el año pasado por los gremialistas Luis Vega y Julio Aliaga.
Inmediatamente, el organismo dio intervención a sus áreas operativas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Delitos Tributarios y Contrabando, y de Delitos contra la Administración Pública.
Tras las pesquisas en las que se invirtieron varios meses, Procelac obtuvo la descripción de 17 propiedades atribuidas a Viviana Weisser, un listado de cheques rechazados de JLK por la suma total de $ 3.158.759,27 y constancias de constitución y modificación de esa sociedad.
Respecto de la exesposa de López, señala que “cuenta con 53 tránsitos migratorios”.
En el caso de Lescano son 19 (el último registrado a Bolivia).
Ya se había señalado la posibilidad de contrabando de fruta a países vecinos, entre ellos a Paraguay vía Clorinda, donde JLK tenía un puesto de comercialización.
Exige urgentes acciones
En su presentación, los responsables de la Procelac advierten que “una de las vías usuales para lavar activos es aplicar fondos de origen delictivo a operaciones de compra-venta de bienes muebles o inmuebles”.
Hacen notar también que Weisser “sería propietaria de al menos 17 propiedades, cantidad desmesurada si se tiene en cuenta que registraría ingresos inferiores a los 15.000 pesos”. En tanto, consideran llamativo que la mujer “haya constituido dos sociedades, una de las cuales (Ohana SA) pertenecería al rubro inmobiliario”.
Como se informó, Weisser se comporta como propietaria del fastuoso salón de eventos “La Ponderosa”, que fue allanado semanas atrás en Fernández Oro.
Añade Procelac que estas modalidades, sumadas a la constitución de la firma JLK, “pueden tener un denominador común: la utilización de ‘testaferros’ o ‘prestanombres’, con el objeto de poner en circulación en el mercado los bienes de origen espurio obtenidos, o bien con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos ilícitamente obtenidos”.
Ante el fiscal, Procelac sugiere medidas de prueba, como pedidos de informes a la UIF, AFIP, Superintendencia de Seguros de la Nación, Registro Nacional de la Propiedad Inmueble y Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
Exige asimismo que “se adopten en forma inmediata medidas de naturaleza cautelar tendientes a asegurar la masa de activos involucrada que componga el patrimonio de los imputados y, en consecuencia, se minimice el riesgo de que una eventual sentencia de condena se torne de imposible cumplimiento”.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fue creada por Resolución PGN nº 914/12. Su creación –se explica en su web oficial– obedeció a la necesidad de “desarrollar estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico, tras un diagnóstico poco alentador en los índices de juzgamiento de este tipo de conductas”.
Cuenta con seis áreas de trabajo relacionadas a concretas problemáticas de la criminalidad económica, más un área administrativa y un área técnica integrada por asesores en materia económica, contable y financiera, un cuerpo de investigadores, un gabinete informático y una subárea de recupero de activos.
