Lucio Dupuy, fue asesinado el pasado 27 de noviembre y según las investigaciones, era víctima de maltrato desde hace varios años.

De esta manera, el crimen del niño generó una gran conmoción en la sociedad, pero también dejó al descubierto que no hay políticas eficaces para la protección de menores ante la violencia domestica.

En este sentido, en las últimas horas trascendió que el padre del nene asesinado está estudiando la posibilidad de “denunciar al Estado”.

“Analizamos denunciar ante la Justicia las responsabilidades de diferentes áreas del Estado, debido a omisiones que pudieron haber evitado la muerte del niño”, afirmó José Mario Aguerrido, abogado de la familia, que añadió que “claramente hay omisiones anteriores que pudieron evitar este hecho”, y que desde el Estado “no actuaron para descubrir o detectar el maltrato que sufría Lucio cuando había elementos de sobra”.

Asimismo, este miércoles se presentará un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, iniciativa en la que trabajaron especialistas, dirigentes políticos y la propia familia de Lucio Dupuy.

El proyecto, llamado Ley Lucio, será presentado por el diputado, Martín Maquieyra. El legislador contó que la presentación se hará en horas de la tarde, específicamente a las 17 horas e ingresará por la Cámara Baja.

«Esperamos que se pueda tratar este proyecto en el recinto, entendiendo que ya terminan las sesiones ordinarias en Diciembre… esperemos que a partir de la renovación de sesiones, en los meses siguientes se pueda empezar a tratar y debatir esta ley y podamos el año que viene tener un avance en este sentido», dijo el diputado Maquieyra.

Qué propone la Ley Lucio

La iniciativa «Ley Lucio: de prevención y detección temprana de la violencia contra de los niños, niñas y adolescentes», que presentará el diputado de la oposición, consta de 10 artículos y tiene como objeto la «prevención y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación de los funcionarios públicos, la actuación coordinada de los organismos intervinientes y la publicidad de los indicadores de violencia y medios de denuncia eficaces de protección».

A su vez, en su artículo 2 establece que la capacitación sea obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, capacitación que será enmarcada en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes. «Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente», describe una parte del proyecto de ley.

Dicha capacitación según la ley Lucio Dupuy, debe de incorporar temas complementarios «que fortalezcan el espacio de formación» a dichas personas, y en esa línea establece lo siguiente:

Pautas de alarma específicas e inespecíficas de las distintas formas de violencias, maltrato físico, negligencia, descuido o abandono, abuso sexual, abuso de poder, maltrato psicológico, y todo elemento que permita dar cuenta de la afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Sistema de Promoción y Protección de Derechos, sus Integrantes e Implicancias. El principio de corresponsabilidad, obligación de informar y el derecho a la protección de identidad del denunciante.

Formas y canales para requerir intervención conjunta de instituciones públicas especializadas. Por otro lado, el proyecto le exige al Poder Ejecutivo realizar campañas semestrales sobre concientización, violencia y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en medios nacionales, provinciales y en entidades públicas nacionales. «(…) En especial, deben contener de forma clara y precisa la información sobre cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción. Además, deben brindar información que permita reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes»; añade la iniciativa.

Por último, el legislador propone a través de dicha ley, disponer de una línea telefónica gratuita de protección. «Se dispone la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en cada una de las jurisdicciones de la República Argentina con el objeto de favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061, deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas», describe.