El Gobierno creó por Decreto el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios con el fin de formalizar un ámbito de trabajo que «garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado».

A través del Decreto 123/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la iniciativa cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y las ministras Elizabeth Gómez Alcorta, Sabina Frederic y Marcela Losardo.

El objetivo es «establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas».

También se estableció que en un inició el Consejo se integrará, con las titulares de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Las funciones que deberá asumir el Consejo:

Elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Unificar los sistemas de registro y gestión de la información.

Promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género promoviendo la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local.
Recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos.
Promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género.
Promover, en cada jurisdicción, la organización de mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia.
Redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del presente Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación.