El acoso escolar es una realidad que afecta a miles de estudiantes en Río Negro. Según informes recientes, el 32% de los alumnos dice sentirse discriminado en su escuela y más del 60% reconoce haber sufrido algún tipo de agresión. Detrás de estas cifras, hay historias que se repiten: chicos que dejan de asistir a clases, familias desesperadas y docentes que muchas veces no saben cómo actuar ante el miedo o el silencio de las víctimas.
Frente a este escenario, el proyecto propone un cambio de paradigma: responsabilizar también a los adultos que, por acción u omisión, permiten que el maltrato continúe. “El objetivo no es castigar por castigar, sino promover la prevención y la intervención temprana”, explicaron desde el entorno del legislador.
De aprobarse, la ley determinaría que los padres, madres o tutores de un alumno que ejerza acoso, discriminación o violencia física o psicológica hacia otro compañero deberán actuar de forma inmediata para detener la conducta. Si no lo hacen, podrían enfrentar una multa económica de hasta 30 JUS (una unidad judicial que ronda los 65.000 pesos), lo que hoy equivale a casi dos millones de pesos.
Pero el castigo no será sólo económico. Los adultos responsables también deberán asistir a talleres o espacios de orientación organizados por el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial de Educación, enfocados en convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.
El proyecto aclara que estas sanciones no se aplicarán cuando se compruebe que los padres actuaron con diligencia razonable o que existieron circunstancias de fuerza mayor o problemas de salud que justificaran la falta de intervención.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la obligatoriedad de denunciar el acoso escolar dentro de las 24 horas posteriores a su detección. Las autoridades educativas deberán comunicarlo al Consejo Provincial de Educación, al Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, o incluso a la Justicia, en caso de configurarse un delito.
La iniciativa también contempla la reubicación urgente del alumno afectado en otro establecimiento, como medida de resguardo físico y emocional. De esta manera, se busca evitar que la víctima siga conviviendo con su agresor, un reclamo que muchas familias vienen planteando hace años.
La falta de denuncia o dilación será considerada una falta grave, y podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales para los responsables, según la gravedad del caso.
El proyecto de Domínguez todavía debe tomar estado parlamentario y ser analizado en las comisiones legislativas. Recién después, si logra consenso, podría llegar al recinto para su debate final. Sin embargo, el solo hecho de que se haya presentado ya abrió una conversación necesaria en la comunidad educativa.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los adultos? ¿Qué herramientas tienen las escuelas para actuar ante el acoso? Son preguntas que este proyecto pone sobre la mesa, y que, más allá de la letra de la ley, exigen un compromiso social más amplio.
Lo cierto es que el bullying escolar sigue dejando huellas profundas en quienes lo padecen, y la provincia de Río Negro busca dar un paso firme para cambiar esa realidad.
