El Consejo de Guerra que en el Edificio Libertador comenzó con puntualidad castrense a las 9 de la mañana del miércoles pasado -el mismo día que falleció Diego Armando Maradona-, y en el que se analizarán las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina -entre ellos el exjefe de la fuerza Marcelo Srur- por el hundimiento del submarino ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, el 15 de noviembre de 2017, es el de mayor envergadura y relevancia después que el entonces vigente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenara, el 16 de mayo de 1986, a los mandos militares que tenían responsabilidades durante la guerra de Malvinas en 1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, el entonces comandante en jefe del Ejército de Tierra y presidente de facto; el ex jefe de la Armada almirante Jorge Anaya, y el que fuera comandante de la Fuerza Aérea, brigadier Arturo Lami Dozo, a penas que iban de 8 a 14 años de prisión.

Con la modificación realizada hace unos 10 años por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, el actual Consejo de Guerra no tiene facultades para imponer penas de reclusión a los miembros de las fuerzas. Pero sí disciplinarias. La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.

De ser aplicada, la destitución implica la baja del condenado de las Fuerzas Armadas -en caso de tratarse de personal en actividad- o la pérdida definitiva del grado para aquellos que hayan pasado a retiro.

Además del ex jefe de la Armada, serán juzgados por el Consejo de Guerra los contralmirantes Luis López Mazzeo, el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Malchiodi, por entonces ex jefe de Mantenimiento y Arsenales y el capitán de navío Carlos Ferraro, ex jefe del Proyecto Submarinos, todos ellos pasados a retiro.

También se revisarán y juzgarán las acciones que llevaron a cabo Claudio Villamide, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso, el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de corbeta, Jorge Sullia, ex jefe de Logística.

Los Plazos

El tribunal militar está integrado por un presidente -en este caso un civil- el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi -primo del ministro de Defensa, Agustín Rossi-, dos vocales, el general de brigada Juan Martín Paleo (jefe del Estado Mayor Conjunto) y el brigadier Pedro Girardi; un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina.

Como ocurre en cualquier juicio, en la primera sesión el Consejo de Guerra, el tribunal leyó los cargos contra los ocho imputados. Después de eso, y como está establecido, se abrió un cuarto intermedio hasta el próximo 14 de diciembre. Ese día las defensas comenzarán a fijar sus posiciones. Están previstas tres reuniones semanales y no hay fecha de finalización. El evento es restringido, no está abierto a la prensa porque, tiene carácter de “confidencial” ya que se manejan datos militares sensibles de defensa nacional, como la misión que tenía el submarino siniestrado cuando se le ordenó patrullar y realizar inteligencia sobre objetivos militares Británicos asentados en las Islas Malvinas.

En concreto se solicitó tomar fotos y fijar las posiciones de buques y aviones que observen, también las frecuencias en las que trasmiten. Esa no fue la primera vez que la tripulación realizaba ese tipo de tareas que tienen carácter legal, por ese motivo, entre los miembros de la tripulación había un suboficial de inteligencia naval, tal como quedó acreditado en la causa judicial que por el siniestro se instruye en Caleta Olivia.

Ese hecho, que en un principio la marina negó, quedó acreditado cuando Esteban Zembo, el ex director de Inteligencia de la Armada Argentina, lo confirmó en la Comisión Bicaeral del Congreso que investigó la tragedia y la busqueda del buque siniestrado.

El 9 de octubre de 2018 Zembo declaró bajo juramento que en el ARA San Juan “viajaba una persona de mi equipo con información base” sobre los buques que navegaban en la zona.

“Nosotros somos los responsables de adiestrar a nuestra gente en todos los temas operativos de la flota de la aviación naval y de la infantería naval. Por lo cual, cada buque que se desplegaba y hacía una patrulla de control de mar llevaba un hombre de inteligencia, sea una corbeta o un submarino”, precisó.

El suboficial era Enrique Castillo y la ordene “confidencial y secreta” que debía cumplir “estaba fijada en el plan de adiestramiento y alistamiento de la Armada”. También puntualizó que “en el 2017 se empezó a desplegar personal de inteligencia en submarinos”. Explicó también que el agente de inteligencia tenía en su poder un aparato con “información base que se va actualizando con todas las fuentes que se puedan obtener”.