Restringen el uso de celulares en las cárceles de Río Negro
A partir de enero de 2019 comenzará a regir el nuevo protocolo de tenencia, uso y control de telefonía celular dentro de las unidades penitenciarias de toda la provincia.
Este nuevo mecanismo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, permitirá establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento.
Las medidas alcanzarán a quienes consigan tener la autorización previa de la Justicia para poseer telefonía móvil, garantizando el derecho a la comunicación de los internos con un exhaustivo seguimiento.
Los celulares no podrán contar con acceso a Internet, redes sociales, ni cámaras digitales, las cuales en caso de existir serán previamente inhabilitadas.
Su uso se limitará solo a dos horas por día, debidamente controladas por el celador y dentro de una franja horaria regulada, lo que permite una mayor supervisión.
Finalizado su uso, el móvil será retirado verificando que no haya sido adulterado el lacrado que se le realiza a cada equipo, previo a su entrega. En caso de haberse producido alguna alteración, el interno será severamente sancionado, bajo la normativa que comprende al Servicio Penitenciario.
Las sanciones también se extenderá para quienes conserven celulares que no hayan sido debidamente registrados, secuestrándose los equipos y poniéndolos a disposición del Juzgado de Ejecución Penal.
Cabe mencionar, que para la autorización se cortejará un código USDD pregrabado en los teléfonos, mediante el cual la operadora podrá conocer quién y desde dónde se realiza la llamada, como también desde qué terminal telefónica lo hace. Este código, al igual que el de la tarjeta SIM, será registrado en una planilla y es indispensable para identificar el aparato que tendrá el interno.
El protocolo también tendrá normas a cumplir por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario a fines de que el mismo se cumplimente con tenacidad.
Las medidas fueron avaladas tanto por el Procurador General de la Provincia, Jorge Crespo, como por la entonces Defensora General, Rita Custet.
