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Quiénes son y qué hicieron los represores que pidieron la ley del 2×1
Luego del fallo de la Corte Suprema que habilita a los genocidas de la última dictadura militar a obtener el beneficio del 2×1, siete represores pidieron que la medida los alcance. Ya hubo rechazos; mientras que otros aguardan la decisión de la Justicia.
El día después de que la Corte Suprema beneficiara a los genocidas de delitos de lesa humanidad con un fallo donde habilita la ley del 2×1 en estos casos, siete represores pidieron ser liberados. El Tribunal Oral Federal 5 rechazó excarcelar a los represores Jorge Luis Magnacco (conocido como el «obstetra o pediatra de la ESMA) justificando que no correspondía porque no daba el cómputo para su aplicación.
El mismo Tribunal también rechazó beneficiar a Héctor Giribone, condenado por robo y ocultamiento de identidades de hijos de desaparecidos.
En este último caso, la jueza entendió que no correspondía el «2×1» porque el militar no pasó dos años tras las rejas sin condena, mientras sus colegas aludieron al fallo de la Corte: Nardiello puso en duda la obligatoriedad de acatar los fallos de los tribunales superiores, mientras Hergott aseguró que el máximo tribunal «no ha efectuado distingo entre los actos ilícitos comunes tipificados en el Código Penal con aquellos mismos delitos pero enmarcados como constitutivos de delitos aberrantes».
El Tribunal declaró abstracto el planteo para que se dicte la inconstitucionalidad del «dos por uno» que había sido motorizado a raíz del fallo de la Corte.
Otro represor que lo reclamó fue Víctor Gallo, un represor condenado por la apropiación de Francisco Madariaga; ante ello, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó protección para el nieto recuperado si su apropiador llegase a quedar libre.
En tanto, también presentó un pedido Juan Antonio Azic, represor de la ESMA y apropiador de la diputada Victoria Donda y Laura Ruiz Dameri.
En San Juan, el ex militar Alejandro Lazo, condenado a 10 años por torturas y privación ilegítima de la libertad en la dictadura, también pidió el beneficio.
Y en Tucumán el pedido fue de Carlos Eduardo Trucco, que a fines de 2013 fue condenado a 18 años por asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio.
Todos los planteos fueron consecuencia directa del fallo que dictó el martes pasado la Corte, al beneficiar al represor Luis Muiña con el cómputo doble de los días en los que se lo mantuvo en prisión preventiva, sin sentencia firme.
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