El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Tarifaria durante un plazo de seis meses en todo el país para el agua, la luz y el gas.
La iniciativa indica que durante el período en que la Emergencia esté vigente, se retrotraerán al 30 de noviembre de 2018 los cuadros tarifarios.
El beneficio propuesto abarca a jubilados, asalariados y monotributistas cuyos ingresos no superen los $50 mil mensuales.
La Emergencia también contempla a titulares de Asignación Universal por Hijo u otros programas sociales; inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico; aquellos perciban seguro de desempleo; Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia; beneficiarios de programas de tarifa social o similar; y usuarios residenciales que demuestren, de manera fehaciente, ingresos insuficientes para afrontar el pago de las factura.
También se incorpora a microempresas, empresas pequeñas y medianas -incluyendo a las cooperativas de trabajo- que facturen anualmente hasta $120 millones y/o empleen hasta 100 trabajadores; entidades deportivas, sociales y comunitarias, sin fines de lucro, reconocidas como tales por los municipios en los que estén domiciliadas; y al Estado nacional, establecimientos provinciales y municipales.
Todos los beneficiarios, menos el Estado nacional y los establecimientos provinciales y municipales, tendrán acceso automático a la tarifa social y las empresas prestatarias de los distintos servicios se deberán abstener de efectuar cortes en el suministro motivados por falta de pago de las facturas correspondientes a 2016, 2017 y 2018.
Además, durante la Emergencia las deudas de los servicios públicos no devengarán intereses.
