Según el parlamentario, la iniciativa encuentra su sustento, no sólo en las obligaciones asumidas por el Estado, sino también en la imperiosa necesidad de comenzar a generar cambios estructurales en la administración de justicia de la provincia.
De aprobarse, el registro incluiría las denuncias presentadas sobre situaciones vinculadas a violencia de género contra funcionarias y funcionarios que se refieran a vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios; inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales; y obstaculización, mediante retardo o impedimento, en el acceso a la justicia.