PolíticaRío Negro

La UCR Río Negro y un proyecto para «luchar contra la corrupción»

La UCR propone un proyecto de ordenanza en todas las localidades rionegrinas para inhabilitar candidaturas de personas que se encuentren en procesos judiciales.

Ficha Limpia desde los niveles locales en Río Negro. Así propone la UCR, a través de la presentación de un Proyecto de Ordenanza en todas las ciudades de la provincia.

“Si no es desde la legislación nacional hacia abajo, será desde abajo hacia arriba” es la consigna que propone la iniciativa, que impulsa la lucha contra la corrupción en los niveles locales, en virtud del freno que desde el actual oficialismo nacional, se le ha puesto al Proyecto de Ley, en el orden nacional.

Erradicar la corrupción en el ejercicio de la función pública, es una responsabilidad ineludible y la UCR de Río Negro, impulsa a través de sus concejales en cada localidad de la provincia, un Proyecto de Ordenanza de Ficha Limpia que inhabilite las precandidaturas y candidaturas, de aquellos/as que posean una condena en segunda instancia por actos de corrupción y/o de violencia de género.

Entre los fundamentos se consigna que “La sociedad argentina nos ha dado y da, claras señales de hartazgo frente a la corrupción de Estado. Esa corrupción, ejercida por funcionarios, electos o no, que muchas veces atraviesa transversalmente a la política, y la coloca en un terreno de desprestigio integral y generalizado, del que debe salir para poder abocarse seriamente a la tarea de construir un país mejor para todos los argentinos. Ello, sin contar con los daños estructurales que la corrupción le produce al aparato estatal y productivo del país, a partir de la generación de ineficiencias y exclusión, gastos indebidos, costos altísimos, desigualdades e inequidades, a través de las cuales se daña el tejido social y la credibilidad nacional.”

Se propone una adecuación normativa que inhabilite precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que se encuentren en proceso judicial con una causa por actos de corrupción, en sus distintas acepciones, en el ejercicio de funciones en la administración pública, y hayan sido condenados en segunda instancia, aún cuando la misma se encuentre recurrida.

Se busca expresamente, fortalecer un abordaje responsable en el derecho electoral ciudadano en una democracia, en pos de un bien mayor, que es el bien común de una dirigencia honesta, para la sociedad en su conjunto.

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