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«En Río Negro que no funcionan las instituciones destinadas a tratar la problemática del feminicidio»

La psicopedagoga Agustina Schäuble, becaria y docente del CURZA, de la Catedra Abierta de Géneros Y Sexualidades, criticó duramente las políticas provinciales en materia de violencia de género, desarrollando la necesidad del dictado de la ley de emergencia en el tema que todavía está en la Legislatura de Río Negro esperando ser tratada.

 

 

 

En un artículo titulado “Ni una menos, ni dos, ni tres menos. Cuando el Estado es el feminicida”, la autora aborda el concepto de “feminicidio”, a partir de una idea desarrollada por la antropóloga Marcela Lagarde, quien explica que el femicidio requiere la incorporación de algo más que el “homicidio de la mujer”. En este sentido, el “feminicidio” incluye, además del asesinato de mujeres, la responsabilidad del Estado.
Asimismo, Schäbule asegura que detrás de cada “feminicidio” hay un fracaso del Estado que no supo garantizar condiciones de derecho, acceso a la justicia o resguardar condiciones psicofísicas de la víctima y su grupo familiar.
Tomando el caso puntual de Yésica Campos (Coco), la profesional sostuvo que hubo un Estado que no supo actuar de manera preventiva por medio de sus instituciones, dejando a la vista el encuadramiento en la figura de feminicidio que, jurídicamente, aún no está incorporada al plexo penal.

 

En el caso concreto del proyecto de ley elaborado y presentado por mesas interdisciplinarias provinciales, días atrás hubo una reunión con Pedro Pessati, vicegobernador, que se comprometió a auspiciar de intermediario entre quienes conforman la mesa y las comisiones de la Legislatura que deben recibir el proyecto de ley para que sea tratado.
“Queremos que se debata para tener al menos los argumentos de por qué no quieren que sea aprobada. Creo que, si se aprobara la ley de emergencia en Violencia de Género, implicaría hacerse cargo de las cosas que se hicieron mal hasta ahora y eso sería un obstáculo”, señaló Schäbule.
Al ser consultada sobre el funcionamiento de las instituciones provinciales vinculadas a violencia de género, la autora recordó que tenemos un organismo que depende de Desarrollo Social que es el Consejo Provincial de la Mujer, encargado de generar políticas públicas para lograr igualdad de la mujer que no está actuando. Sin embargo, cuando las mujeres, por ejemplo, en Viedma, hacen denuncias por la ley 3040 -reformada por ley 4241-, son alojadas en un hotel por pocos días.
“Sabemos que para salir de la situación de violencia en 2 días o 3 en un hotel no hacemos nada, refirió.
“El acompañamiento es escaso, no hay equipos interdisciplinarios que aborden el tema con seriedad. En casos de femicidio en Bariloche, se comunicaron con la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer para tener un vínculo y las respuestas fueron nulas. Está ausente”, agregó.
Por otro lado, sostuvo que el Consejo Provincial de la Mujer tiene un presupuesto que no ejecuta o lo ejecuta parcialmente en cuestiones mínimas como folletería.
Entre las necesidades, señaló lo que ya a nivel local podría ser un hecho: la Casa Refugio de contención, pero con personal capacitado para acompañar mujeres en situación de vulnerabilidad.
En esta misma línea, hizo saber que Observatorio de Violencia Hacia las Mujeres que existe en el ámbito del Consejo, no funciona.
Recordó que fue creado por ley hace 3 años y no ha generado una sola estadística.
“Podríamos tener estadísticas propias y no las tenemos porque no hay personal capacitado o hay falta de voluntad política. Hasta el día de la fecha, el Observatorio no produjo una sola estadística”, afirmó.

 

La consecuencia es que se han tomado las cifras de la CSJN que, a diferencia de las de Casa del Encuentro -asociación civil que desde 2008 tiene un observatorio que crea estadísticas de femicidio en argentina- que registra tres feminicidios en Río Negro, el del máximo tribunal, figuran cero.
“Decir esto, se traduce en un argumento fácil de tomar por el oficialismo para justificar la innecesaridad de la ley de emergencia o si está el Consejo de la Mujer”, explicó.
Por último, aseguró que “lo que la ley pretende es poner en marcha lo que ya está aprobado por ley pero que no funciona”.
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