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El gobierno nacional se encuentra trabajando en una serie de decretos destinados a acelerar el posible cierre de alrededor de 60 organismos públicos, como parte de las reformas del Estado encabezadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde marzo, el funcionario ha estado avanzando en esta dirección, buscando reducir la estructura del organigrama estatal sin necesidad de someter estas decisiones al Congreso.
Aunque aún no se ha definido la lista completa de los organismos a disolver ni el plazo exacto para su eliminación, las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo tras la sanción de la Ley Bases tienen una duración de 12 meses. Durante este período, se pueden “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes afectados.
Desde la Casa Rosada, se argumenta que muchos de estos organismos tienen funciones “duplicadas”. Además, se critica a la administración anterior por haber creado entes públicos con el fin de “crear cajas” o para “ubicar militantes”. Sturzenegger lleva adelante esta tarea junto al vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, con quienes está afinando los detalles de los decretos en preparación.

El Sector Público Nacional (SPN) incluye 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados, según el Mapa del Estado. Uno de los organismos en el radar del Gobierno para su cierre es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Manuel Adorni ya había anticipado en febrero su cierre definitivo, que aún no se ha concretado. Otros organismos que podrían estar en la lista de desregulación incluyen el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve).
La tarea de Sturzenegger se enmarca en la Ley Hojarasca, una de las marcas distintivas del extitular del Banco Central. Con la Ley Bases, el presidente Javier Milei tiene la facultad de “modificar o eliminar las competencias y funciones” de diversos entes. Sin embargo, ciertos organismos como el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA y SENASA, quedaron fuera del alcance presidencial.
El proceso de desregulación y cierre de organismos públicos es un tema delicado que sigue generando debates y reacciones tanto dentro como fuera del ámbito gubernamental. El gobierno continúa trabajando en los decretos necesarios, mientras la sociedad espera los resultados y el impacto que estas medidas puedan tener en la estructura y funcionamiento del Estado.